El bufete Navas & Cusí ha solicitado al Defensor del Pueblo Europeo (The European Ombudsman) que requiera a la Comisión Europea (CE) que informe del procedimiento de infracción contra España que abrió en 2016 por entender que «las ejecuciones hipotecarias se realizan con abusividad y sin una adecuada evaluación».
El pasado 10 de enero, este despacho especializado en derecho bancario elevó una queja al Defensor del Pueblo Europeo por la «pasividad» de Bruselas ante la «inaplicación en España del derecho europeo en materia de protección del usuario bancario».
Navas & Cusí ha informado que en mayo de 2013 presentó una queja formal ante la Comisión Europea denunciando que en nuestro país hay «abuso en ejecuciones hipotecarias», que la Comisión Europea admitió a trámite.
En concreto, este bufete alertaba de que en España, por la «trasposición defectuosa y extemporánea», y la «comercializacion masiva de productos e instrumentos financieros de un modo indiscriminado, arbitrario y fraudulento», los bancos «vulneran sus deberes legales de información y de análisis del perfil del cliente», lo que podría ser un «incumplimiento de derecho comunitario», en relación al art. 19 de la Directiva 2004/39/CE.
También denunciaba el «incumplimiento de derecho comunitario» en relación a lo dispuesto en la Directiva 93/13/CE, sobre clausulas abusivas en contrataciones con consumidores.
El director de Navas&Cusí, Juan Ignacio Navas, explica que en julio de 2016 la CE les notificó que, a pesar de las modificaciones de la Ley 1/2013, 11/2014 y 42/2015, España «continuaba violando la ley europea en determinados aspectos» y que, por tanto, había abierto un procedimiento de infracción siguiendo el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Se trata del expediente de sanción 2015/2200, abierto el 28 de abril de 2016, a raíz de la queja presentada por Navas & Cusí y las investigaciones de oficio de la Comisión.
«En julio de 2016 nos dijeron que nos mantendrían informados, pero no hemos vuelto a tener noticias sobre esta sanción y ya han pasado dos años y medio”, denuncia el socio-director de director de Navas&Cusí, Juan Ignacio Navas.
«No sólo no ha habido información alguna, sino que no hemos obtenido respuesta a nuestras reiteradas preguntas sobre la marcha del procedimiento«, añade.
Navas considera que esta actitud es «incomprensible» después de la abundante jurisprudencia de Luxemburgo en la que «reprocha a España la mala adaptación nacional a la legislación europea».
Explica que Bruselas señalaba que los procedimientos de ejecución hipotecaria se siguen haciendo “sin una adecuada evaluación y con abusividad”, censuraba que un juez no pueda frenar un desahucio cuando observara abusividad, y consideraba que la reforma de la Ley 1/2013 que permite al consumidor oponerse a un desahucio en el plazo de un mes es contraria a la ley europea, como señaló la sentencia C-8/2014 ‘caso BBVA’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dice que la CE también recordaba en su escrito que las sentencias C-618/10 del ‘caso Banco Español de Crédito’, C-415/11 del ‘caso Mohamed Aziz’ y C-169/14 del ‘caso Sánchez Morcillo evidencian que los procedimientos de ejecución hipotecaria “no contienen las suficientes salvaguardas”.
Por tanto, Juan Ignacio Navas afirma que «a día de hoy día es incuestionable la actitud claramente pasiva de la Comisión Europea en relación a la situación del mercado hipotecario y de la vigencia de contratos conteniendo cláusulas abusivas en España».
