Todos los indicios parecen indicar que sí. Y que fue tomada por los 14 decanos que conforman el Consell del Il.lustres Col-legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) en un Pleno en noviembre pasado.
Esto es, precisamente, lo que las asociaciones de Juristas Llibertats, Abogados por la Constitución, Aixeca’t y Sociedad Civil Catalana han pedido formalmente a CICAC que aclare, mediante la expedición del certificado correspondiente.
El objetivo de las cuatro asociaciones, una vez que hayan verificado que, efectivamente, los decanos de los 14 colegios de abogados de Cataluña -en el que están colegiados 40.000 profesionales que ejercen la abogacía en esa Comunidad Autónoma- tomaron esa decisión, es interponer las correspondientes acciones legales contra el mismo, solicitando al juez medidas cautelares para la suspensión del acuerdo.
Porque exceden las competencias del CICAC.
“Los observadores solo se envían en aquellos juicios en los que la justicia es opaca y no es pública; en España la Constitución en su artículo 120 establece que las actuaciones judiciales serán públicas además en el presente caso el juicio se retrasmitirá en directo por televisión, por lo que el envío de observadores por parte del CICAC, independientemente de que excede de sus competencias, es absurdo, y busca otros fines diferentes que nada tiene que ver con las funciones que la ley otorga al CICAC y a los Colegios Profesionales», afirma Pere Lluis Huguet, presidente de Llibertats.
Huguet, abogado en ejercicio, ha sido decano de Reus, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y presidente del CICAC mismo, entre 2006 y 2007.
LA «LIEBRE» LA LEVANTÓ EL PRESIDENTE DEL CICAC
Las alarmas, sobre la posición del CICAC sobre el juicio por el caso «procés», que el próximo mes de febrero arrancará ante el tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que enjuiciará a 9 altos cargos de la Generalitat, hasta octubre de 2017, la que fuera presidenta del parlamento autonómico y dos líderes de asociaciones separatistas, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, en el marco de una entrevista que Catalunya Radio le hizo a Ignasi Puig, presidente de esa corporación de derecho público.
En la misma, Puig declaró que están estudiando la protesta de enviar observadores al juicio por el caso «procés». Y justificó esta decisión porque las comisiones de Derechos Humanos del Consejo lo habían planteado.
Puig opinó, en esa entrevista, que los presos del caso «deberían estar en libertad» para garantizar su derecho de defensa, o al menos tener condiciones de semilibertad que les permitan preparar el juicio con sus defensas.
Si la certificación solicitada por las cuatro asociaciones al CICAC fuera positiva y la decisión se hubiera tomado ya, secretamente, esto podría crear un fuerte conflicto dentro del propio CGAE, que hasta ahora ha permanecido en silencio, y del que forman parte los 14 decanos catalanes.
JOSÉ MARÍA ALONSO, UN PASO ADELANTE
El pasado lunes, José María Alonso, el decano del Colegio de Abogados de Madrid más grande de España (77.000 colegiados), recordó públicamente que a Puig que no tiene sentido mandar “observadores” al juicio.
“La presencia de ‘observadores de la Abogacía’ en el citado juicio, que estudia el Consejo de la Abogacía Catalana, sólo tendría sentido en procedimiento opacos y arbitrarios más propios de Estados autoritarios que nada tienen que ver con el Estado español”, le recordó Alonso a su homónimo del Colegio de Terrassa, Barcelona, a través de varios mensajes de su cuenta de Twitter.
