El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha vuelto a ratificar hoy ante el juez que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps quien ordenó emitir facturas falsas para contratar con Orange Market.
Unas acusaciones que hizo hace un año en el juicio a la rama valenciana de Gürtel, celebrado a celebró principios de 2018 en la Audiencia Nacional, y por el que fue condenado por la financiación irregular de este partido a cuatro años de prisión.
En aquel proceso reveló que Orange Market fue contratada para los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, y que éstos se financiaron en parte con «dinero negro».
Explicó que dichas campañas se financiaron a través de dos vías: con las subvenciones públicas que tienen asignadas todos los partidos con representación parlamentaria y «con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano», de modo que «es cierto que el PP valenciano se financiaba con dinero negro».
También insistió en que «las decisiones más importantes» sobre las campañas las tomaba Camps y que fue éste junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, fueron los que ordenaron que el PPCV se financiase «con dinero negro» para poder sufragar los actos.
El exdirigente ‘popular’ ha declarado hoy en calidad de testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, que investiga a Camps por el contrato adjudicado a Orange Market para la instalación del stand de la comunidad en Fitur en el año 2009.
El juez De la Mata imputa en esta causa, la 5 de la Gürtel, a Camps los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Costa también ha señalado al exvicepresidente valenciano Víctor Campos, con quien dice que también habló de contratar con las empresas del Grupo Correa.
A su salida de la Audiencia Nacional, tras más de dos horas de declaración, Costa ha manifestado que ha colaborado con la Justicia.
Para mañana está citada como investigada la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.
LA EXJEFA DE PRENSA EXIME A CAMPS Y MANTIENE QUE ‘TODO PASABA POR COSTA’
Tras Costa ha comparecido ante el juez la exjefa de prensa de Camps Nuria Romeral, como testigo.
Romeral también se ha ratificado en lo que declaró hace un año en el mismo juicio: que en 2007 y 2008 «todo pasaba por Ricardo Costa» en el PP valenciano, eximiendo a Camps de toda responsabilidad.
Hoy también ha declarado el considerado ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, que cumple una condena de 37 años y medio por la primera época de actividades de la trama y está investigado en esta causa, y la exconsellera Paula Sánchez de León.
15 personas están citadas a declarar esta semana ante el juez De la Mata.
EL ABOGADO DE CAMPS AFIRMA QUE ESTA IMPUTACIÓN ‘ADOLECE DE UNA FALTA DE RIGOR JURÍDICO Y FÁCTICO’
El expresidente valenciano ha asegurado que las adjudicaciones a esta empresa fueron “correctas” y que su Gobierno actuó “bajo el imperio de la ley”.
“Algo me va a caer esta semana porque siempre que algo ocurre en la izquierda, a mí me cae algo desde los últimos nueve años”, señaló, e invitó a “hacer una cronología” de su “vida en los juzgados” y “la relación que hay con periodos electorales y con situaciones críticas de la izquierda de España”.
Camps recordó su periplo judicial así: “Cuando salía de los trajes, entré en Nóos; cuando salía de Nóos, entré en Valmor; cuando Valmor desaparece, entro en el circuito; cuando el circuito está a punto de terminar entro ahora en la Audiencia Nacional”.
Dijo que esperaba “no tener que ser imputado nuevamente por la Audiencia Nacional”, pero que si lo era, iría y explicaría que “nunca” dio directriz alguna a nadie, “que el TSJCV ya dijo que no tenía que ser investigado por esta cuestión, que todos los miembros de la Administración autonómica actuaron de buena fe y bajo el principio de legalidad”, y que está convencido de su inocencia.
En diciembre, el abogado del expresidente de la Generalitat de Valencia dijo que esta imputación «adolece de una “falta de rigor jurídico y fáctico” y anunció que la recurriría.
