El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido la invalidez permanente a una mujer que en el año 1997 fue víctima de una violación y que, desde entonces, tiene secuelas psicológicas.
El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJCyL, con base en Valladolid, formado por los magistrados Emilio Álvarez Anllo, como presidente, Rafael A. López Parada y José Manuel Riesco Iglesias, este último como ponente, han desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería de esa misma institución, contra la sentencia dictada el 19 de junio de 2018 por el Juzgado de lo Social 1 de Zamora.
«Confirmamos íntegramente la misma», dice la sentencia, que lleva fecha de 21 de noviembre de 2018.
El fallo reconoce que la víctima presenta una «afectación psicológica» fruto de esa agresión sexual ocurrida hace 22 años que «determina una limitación funcional que le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y conforme a los mínimos requerimientos que son imprescindibles en cualquier profesión».
El texto indica, además, que la «ansiedad postraumática» que sufre la mujer se presenta «tanto en trabajos de exigencia física como en los sedentarios, por cuanto no se trata de una afección física sino psíquica».
«Según los indiscutidos hechos probados, la recurrida lleva padeciendo este calvario psíquico desde el año 1997, sometida a tratamiento continuo, con una clínica que produce una ‘interferencia significativa’ en su vida personal, social y familiar y con acentuación de la sintomatología como consecuencia de la puesta en libertad de su agresor», añade la sentencia.
El estado mental de la mujer es la consecuencia de las secuelas de una agresión sexual sufrida en Zamora en 1997. Fue secuestrada y violada por un hombre que acababa de salir de la cárcel, tras cumplir condena por el asesinato de dos personas.
La víctima había solicitado la incapacidad permanente en 2017, 20 años después de la agresión. En un principio, la Seguridad Social se la denegó, pero fue el Juzgado de lo Social número 1 de Zamora el que, en primera instancia, reconoció el derecho de la recurrente, hecho que ahora ha sido ratificado por el TSJCyL.
