El guardia civil José Oreja Sánchez, ha declarado hoy en el juicio por el supuesto espionaje político en Madrid que en febrero de 2008 recibió órdenes «ilegales» del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón de hacer «seguimientos» a determinados políticos del PP de Madrid por «especial interés» de Ignacio González.
Oreja es uno de los seis acusados por el supuesto espionaje a políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Un caso que empezó a juzgarse el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, 10 años después de la instrucción y sin acusación del fiscal. Acusa el PSOE y la propia Comunidad de Madrid.
Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional Carmen Méndez González, mientras que la acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.
Los encausados son el director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón; su ‘número dos’, Miguel Castaño Grande; el exfuncionario José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.
La Fiscalía de Madrid pide su absolución al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008.
DICE QUE LE ORDENARON SEGUIR A CIFUENTES, PRADA, COBO Y A UN ALCALDE SOCIALISTA DE GETAFE
El agente José Oreja ha detallado que entre sus cometidos en la Dirección General de la Comunidad de Madrid estaba ir a las Juntas locales de Seguridad u observar los ayuntamientos en los que se habían implantado las BESCAM.
Ha señalado que tanto él como los otros dos guardias civiles acusados, José Coronado y José Manuel Pinto, seguían órdenes de Sergio Gamón y de Miguel Castaño, entonces director y subdirector general de Seguridad, respectivamente.
Ha dicho que las órdenes se dieron en febrero de 2008 en el despacho de Gamón. Las vigilancias se habrían realizado entre marzo y mayo de 2008, meses previos al Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia tras perder las elecciones.
Ha subrayado que él y los otros dos agentes se negaron a cumplir dicha orden al estimar que era ilegal y que denunciaron los hechos ante el consejero de Interior en aquella época, Francisco Granados, quien les manifestó que «todo esto era un montaje del director de Seguridad».
Según ha declarado, les ordenaron seguir a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exdelegada del Gobierno Cristina Cifuentes, al exvicepresidente Alfredo Prada, al exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid Manuel Cobo. También a un alcalde socialista de Getafe.
Ha relatado que les obligaron a ir a sitios públicos donde iban las personas a las que querían seguir para que figuraran sus ubicaciones y realizaran unas notas de trabajo en las que luego «ellos escribían lo que querían».
«Se nos dio una orden irregular. Se desobecede y no se cumple», y «estos señores empiezan a acosarnos», ha asegurado Otega, y ha dicho que se arrepiente de no haberles denunciado.
Ha contado que «empezó una tensión terrible», que en mitad de sus labores, recibían «órdenes sin sentido», y que les mandaban «como pollos sin cabeza a sitios públicos donde no había ningún problema», lo que los llevó a «sospechar que había algún tipo de maldad».
«Hoy lo sé, era para hacer coincidir posicionamiento de mi teléfono a los sitios donde ellos querían», ha señalado.
También ha asegurado que sus superiores les pusieron un «controlador» para seguir sus movimientos, y que no sabe si Granados «de manera interna hizo algo».
«Sufrimos hostigamiento y acoso laboral. Hasta que no cesan a Gamón tras el robo de unos ordenadores, no para la presión«, ha explicado
