Un socio del despacho de abogados Roca Junyent, perteneciente al padre de la Constitución Miquel Roca, asesoró jurídicamente en la elaboración de una futura carta magna catalana durante el proceso independentista, según un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado al sumario de la causa que investiga la organización del referéndum del 1-O, a cargo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
En las conclusiones de este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores resaltan que Santiago Vidal, el juez que fue suspendido por participar supuestamente en el ‘procés’, fue uno de los coordinadores de los trabajos para la redacción de la citada ‘constitución’ y que una de las personas con las que contactó para asesoramiento fue Eduard Sagarra, socio de Roca Junyent.
La Guardia Civil remarca que Sagarra «intentó» ofrecer sus servicios «desde el anonimato»
Eso sí, la Guardia Civil remarca que Sagarra «intentó» ofrecer sus servicios «desde el anonimato», ya que, tal y como consta en el informe, él mismo le dijo a Vidal en un correo electrónico que «el despacho para el que trabaja vive en parte del Ministerio», sin especificar cuál.
Este apunte sale a relucir en la parte del documento en el que el Instituto Armado relata el proceso iniciado por Vidal para confeccionar la que se quería que fuese la constitución de una futura república catalana, ya que fue él quien «coordinó el proyecto unanovaconstitucio.cat» y estuvo en contacto con «otras plataformas» que también crearon sus propias propuestas, como Juristas por la Independencia, una «sectorial» de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), según los investigadores.
Según el informe, Vidal «dio a conocer su proyecto de constitución a través del libro ‘Una constitució per a Catalunya'», y en su equipo «habrían participado un conjunto de juristas entre los cuales se encontraron Matilde Aragó, Agustí Carles i Garau, Elisabeth Ferran i Planas, Jaume López, Josep Maria Miquel Porres, Eduard Sagarra, Sebastià Sardiné, Silvia Ventura, Josep Maria Vilajosana y el propio Santiago Vidal».
97 ARTÍCULOS
«Todos ellos suscribieron la redacción de una constitución de la república catalana compuesta de un preámbulo, 97 artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final«, explica el informe, que añade que de todos estos trabajos de confección «habrían tenido conocimiento» el expresidente catalán Carles Puigdemont, «de forma indirecta», y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. «A través de un pacto de silencio intentaron que al menos ciertos nombres no trascendiesen públicamente», apunta.
Uno de esos nombres es el de la juez Silvia Ventura, quien, según la Guardia Civil, intentó «permanecer en el anonimato para evitar posibles actuaciones del Consejo General del Poder Judicial», mientras que Eduard Sagarra «también intentó hacerlo desde el anonimato porque, según dijo, el despacho vive en parte del Ministerio».
DESDE LAS BAMBALINAS
Fue en un correo electrónico fechado el 13 de enero de 2015 y cuyo asunto es ‘Reflexiones Eduard’ en el que Sagarra explicaba a Vidal esta circunstancia y que, «si bien le podía ayudar», también indicaba que «por el bien del propio Vidal y el del despacho de Sagarra» no podía ni debía «representar a nadie», por lo que actuaría como «amigo y jurista, pero en todo momento desde las bambalinas». «Supongo que los demás y tú lo entenderéis», añadía.
En ese mismo correo, que está incorporado en el sumario, el abogado mencionaba que había podido echar un primer vistazo a la redacción del texto constitucional y que tras una «lectura superficial», le parecía que tenía «alguna carencia o disfunción» en lo que se refiere a una serie de cuestiones que pasaba a enumerar a continuación: la doble nacionalidad, la ciudadanía europea, los derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros, dignidad, jerarquía normativa y tratados internacionales, globalización jurídica, Mediterráneo y europeísmo.
El abogado también aconsejaba a Vidal que «en su defensa utilizase la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo, así como la jurisprudencia y los argumentos de la Corte de Estrasburgo». EP.
