Marcos Molinero es socio director de Abogados Penalistas y representante legal de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, localidad del oeste de la Comunidad de Madrid, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 38 años de cárcel en el juicio Gürtel, primera época (1999-2005).
Molinero está siguiendo muy de cerca el desarrollo del juicio de la causa del «procés», que en estos momentos está teniendo lugar en el Tribunal Supremo.
«El presidente del tribunal, Manuel Marchena, está siendo exquisito con las garantías procesales de los 12 encausados. Es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas siempre. Ojalá todos los presos tuvieran las mismas garantías que Marchena concede a los encausados del ‘procés’. Porque así deberían ser las cosas en todos y cada uno de los tribunales, que no lo son», afirma Molinero.
El abogado recuerda que una de las reivindicaciones en el juicio de Gürtel fue que los encausados se sentaran junto a sus abogados.
«Yo lo solicité y el tribunal no me hizo ningún caso. Es fundamental que el abogado pueda hablar con su cliente. Marchena se lo reconoció a los 12 procesados. A nosotros se nos denegó», añade.
De acuerdo con Molinero, el sistema está montado para poner todas las trabas e impedimentos al derecho de defensa.
«La gente se cree lo que ve en las películas americanas en las que el abogado se reúne con su cliente en un cuartito. En España eso no sucede. Las comunicaciones tienen que producirse a través de un cristal y a través de un interfono o una rejilla», añade.
«Cuando tienes que manejar una sentencia de 1.650 folios, como en la de la Gürtel, o de 300 folios, como en un juicio por estafa, la cosa se hace imposible, porque tienes que ir pegando al cristal todos y cada uno de los documentos», revela Molinero.
En las cárceles españolas existen los medios pero tienen que ser autorizados por un tribunal o por un juez.
«En principio, el director de la prisión no lo va a hacer porque lo impide el Reglamento Penitenciario por un tema de seguridad», indica.
LOS ORDENADORES, PROHIBIDOS EN LAS PRISIONES
De acuerdo con Molinero, cuando van a ver a sus clientes no pueden llevar el ordenador con ellos. Sólo se admite un papel y un bolígrafo.
«Siempre cuento que cuando a mi defendido se le comunicó la sentencia del caso Gürtel se le envió un CD a la cárcel. Guillermo dijo que no podía aceptarlo por dos razones: primero, porque está prohibido y, segundo, porque ¿qué hacía él con eso?», dice Molinero.
En las prisiones, es cierto, que hay sala de ordenadores pero tienen que ser autorizados para abrir expresamente ese CD. Previamente haya que verificar que no contenga ninguna información prohibida.
«¿Y cómo examinas las sesiones para un recurso, con el expediente electrónico? El preso pide la autorización. La prisión se lo deniega. Recurre al juez de Vigilancia penitenciaria, que habitualmente lo deniega. Y tienes que recurrir a la sala de apelación de la audiencia Nacional», así de claro.
A Molinero la Audiencia Nacional le ha autorizado recientemente a reunirse con su defendido en un cuartito de la prisión. Una mesa y dos sillas.
«Pero yo pido más. Pido que tenga un portátil para que pueda analizar las actuaciones. Que estamos hablando de un millón seiscientos mil folios. Que pueda ver las sesiones de juicio. Hoy en día, se está obstruyendo el derecho de defensa. No hay igualdad de armas. Es una falacia», apunta.
A LOS DEL «PROCÉS» LES HAN REVOCADO TODOS LOS OBSTÁCULOS
Cuando los encausados por el «procés» estaban en la prisión de Lladoners, en Barcelona, tenían todas las ventajas. Al regresar a Madrid, se han encontrado con la dura realidad. Han protestado y el Tribunal Supremo ha removido todos los obstáculos para garantizar su derecho de defensa.
«Yo quiero que con el resto se haga lo mismo. Y no pido mucho. Ni más ni menos», concluye.
