De izquierda a derecha, Sergio García-Valle, co-presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM; Mariano Medina Crespo, abogado y doctor en derecho, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro;
Francisco Canes Doménech, presidente de Asociación DIA y Fundtrafic, y Elena Fernández Cuadrado, abogada coordinadora y responsable de atención a víctimas en Asociación DIA.
¿Cuál es la mejor fórmula para que una víctima de cualquier accidente acredite la pérdida de calidad de vida?
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27/2/2019 06:15
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Actualizado: 27/2/2019 01:52
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Intenso debate el que organizó la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro sobre la Ley 35/2015: el concepto de pérdida de calidad de vida y los informes periciales sociales, en la que intervinieron Mariano Medina Crespo, abogado y doctor en derecho, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, entre otros cargos, Elena Fernández Cuadrado, abogada especialista en RC y daños, coordinadora y responsable de atención a víctimas en Asociación DIA, y Francisco Canes Doménech, presidente de Asociación DIA y su fundación, Fundtrafic.
Tras las presentaciones realizadas, Sergio García-Valle, co-presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM, que introdujo a los ponentes y agradeció la presencia de los asistentes, para dar paso a la ponencia de Mariano Medina Crespo.
En su intervención destaco la de los informes periciales sociales como herramienta para acreditar la pérdida de calidad de vida y mostró interés por conocer más la forma de trabajo de estos peritos, aportando además algún matiz de mejora que agradecieron los expertos de Asociación Diañ
Además, Medina Crespo se mostró muy crítico con la Ley 35/2015, el baremo, manifestando su disconformidad con los límites que establece y viendo lógico que la baremación sea orientativa “las cantidades son irrisorias”.
En unos días tendremos el informe de estos tres años de aplicación que la Comisión de Seguimiento del Baremo está ultimando y que debería servir para mejorar la norma en cuestión y su funcionamiento.
Para Elena Fernández Cuadrado, abogada coordinadora y responsable de atención a víctimas de Asociación DIA. explicó el articulado y expuso varios casos reales de víctimas en los que hemos utilizado informes periciales sociales para determinar y acreditar la pérdida de calidad de vida, con los que ya están trabajando varios bufetes de abogados.
Fernández Cuadrado partió del principio de reparación integral.
Destacando lo recogido en el artículo 33.2 para señalar que “ el principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.”
Para esta experta, la pérdida de calidad de vida, es un concepto un tanto genérico y aparentemente confuso que actualmente se acredita de manera parcial, pues las determinaciones del informe pericial médico de daños corporales debe ser complementado con un informe pericial social elaborado por trabajadores/as sociales que analice de manera individualizada como la calidad de vida se ha visto mermada en cada caso concreto.
En esos informes hay que evaluar el contexto sociofamiliar previo y el actual, las actividades específicas de desarrollo personal y las esenciales de personas afectadas, la importancia de estas actividades para la víctima en su proyecto vital, etc.
Poniendo en valor a la realidad de las víctimas
Por su parte, Francisco Canes presidente de Asociación DIA y Fundtrafic, introdujo la nota de la realidad de las víctimas, poniendo en primer plano las consecuencias de los accidentes que no se ven.
“A un hijo fallecido se le llora toda la vida y un lesionado por accidente sufrirá las consecuencias también por el resto de su vida. Como asociación de víctimas con 16 años de trayectoria y muchas historias compartidas con las víctimas nos vemos en el deber de visibilizar y acreditar la pérdida de calidad de vida real. Cuando rascamos en la vida de alguien hay mucho más de lo que a simple vista se ve” explicaba Canes en su intervención.
“Detrás de nuestros informes sociales, elaborados por trabajadores/as sociales especialistas, hay seguridad jurídica, hay técnicas profesionales específicas y el aval institucional que llevamos en nuestro ADN,” vino a decir Canes quien destaco que lo que hay detrás de cada accidente y no se ve, y cuestiona las cantidades indemnizatorias del baremo «son muy insuficientes» teniendo en cuenta que la víctima lo será toda su vida y sufrirá consecuencias muy diversas.
La propuesta de Asociación DIA fue recibida con mucho interés por los asistentes, muchos de ellos abogados expertos en estos temas que ven una opción en estas herramientas para su trabajo diario.
Desde esta asociación se subraya que ha sido bueno el feedback recibido por este público tan especializado que son los abogados/as, que les aporta mucho para seguir matizando y mejorando la nueva herramienta, que es el informe pericial social aplicado a la pérdida de calidad de vida.
A juicio de García-Valle, “una vez determinados los conceptos que abarca la pérdida de calidad de vida, se trató el contenido de estos informes periciales sociales y su aportación en juicios elaborados por trabajadores sociales, donde se acredita que tareas esenciales de la vida de los perjudicados se ven afectadas, siendo una novedad importante este tipo de informes y que se van a empezar a utilizar en los juicios”.
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