El PP ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente catalán, Quim Torra.
Lo acusa de un presunto delito de denegación de auxilio a requerimiento de autoridad competente, penado con la suspensión de cargo público entre dos y tres años, por negarse a retirar las esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos.
El pasado lunes, la Junta Electoral Central (JEC) le dio un plazo de 48 horas para hacerlo en cumplimiento con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril, pero la orden no ha sido cumplida.
El PP ha pedido a la Fiscalía «una investigación en profundidad» por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de denegación de auxilio (artículo 42.2 del Código Penal) o subsidiariamente de desobediencia (410 del Código Penal).
Indica que el órgano judicial competente para un eventual enjuiciamiento de Torra sería la Audiencia Nacional, al considerar que los delitos se cometen contra la JEC, que es «la más alta autoridad electoral del Estado».
La denuncia se dirige contra Torra y «cualesquiera otros funcionarios o autoridades públicas en relación con el requerimiento efectuado» por la Junta Electoral Central, al haber transcurrido más de 48 horas desde que se le comunicara el acuerdo al presidente catalán «sin que se haya observado el requerimiento».
El PP apunta que el acuerdo de la JEC se dirigía contra toda autoridad en Cataluña que «permita o ampare, con su acción u omisión, la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos», y que por ello se apercibía a Torra de la firmeza en vía administrativa de la citada resolución.
En la denuncia alude al escrito que remitió Torra a la Junta Electoral tras ser apercibido, en el que trasladaba su discrepancia con la decisión y solicitaba que fuera reconsiderada.
«El señor Torra es plenamente consciente, desde el conocimiento del requerimiento efectuado, de la firmeza en vía administrativa del acuerdo», y por ello su petición es «irrelevante», señala el PP en la denuncia.
Ciudadanos también ha presentado hoy un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que alerta del “incumplimiento” de Torra.
Quien sí ha retirado el lazo amarillo ha sido el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Ada Colau. Lo quitó ayer.
El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía del Consistorio, Jaume Asens, ha informado hoy que el Gobierno municipal ha decidido retirarlo, así como la pancarta de apoyo a Open Arms, para contribuir a un debate “sereno y constructivo y no alimentar polémicas sobre símbolos en período electoral”.
La decisión del Ayuntamiento ha provocado críticas de los separatistas, entre ellas del diputado Gabriel Rufián, que ha llamado a Colau “cobarde”.
