El Tribunal de Cuentas ha condenado a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez a devolver 800.000 euros de las subvenciones concedidas a la Fundación San Telmo para que ésta impartiera acciones formativas destinadas al personal directo de la Junta denominadas ‘Curso de Alta Dirección de Instituciones’.
El Tribunal de Cuentas los considera «responsables contables directos» de un «menoscabo en los fondos públicos por importe de 800.000 euros». Ha condenado a Guerrero a abonar 520.000 euros y a Márquez a pagar 280.000.
También les ha impuesto el pago de los correspondientes intereses legales, así como las costas del proceso judicial.
Se celebró en audiencia previa el 22 de noviembre de 2018, y actuaron como demandantes la Fiscalía y la Junta de Andalucía.
El fallo del Tribunal de Cuentas, que ha trascendido hoy, está fechado a 13 de febrero.
Considera probado que Guerrero, entre 2004 y 2008 acordó que la Fundación San Telmo impartiera acciones formativas destinadas al personal directivo de la Junta, que «se instrumentaron por medio de convenios de colaboración firmados por Guerrero».
De esta manera, el exdirector general de Trabajo suscribió dos convenios de colaboración con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en los cuales «encomendaba a IDEA a la materialización de los dos pagos previstos en los convenios celebrados con la Fundación San Telmo, en concepto de ayuda específica por importe de 260.000 euros cada uno de ellos, cursándose las correspondientes órdenes de pago por un total de 520.000 euros«.
También considera probado que Márquez, en su etapa de director general de Trabajo –sustituyó a Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo de la Junta en 2008-, dictó una resolución que ordenaba a la Agencia IDEA «al pago de la ayuda sociolaboral como medida de acompañamiento al Plan Formativo de la Fundación San Telmo» la cual estaba fijada en 280.000 euros y que se materializó en octubre de 2009.
La sentencia señala que la representación legal de la Junta argumentó en la causa que la relación entre la Administración andaluza y la Fundación San Telmo «responde a una prestación de servicios» lo que «encubría» una «verdadera relación contractual» lo que vendría a concluir que el concepto de las subvenciones «es nulo por la propia falsedad de la causa».
También indica que los pagos realizados a la Fundación San Telmo «se hicieron con cargo al programa presupuestario ‘Administración de las Relaciones Laborales’ (programa 31L)», y que «no se tramitó expediente alguno de subvención, sino que el pago de esas ayudas públicas se materializó en los convenios firmados con IDEA» en febrero de 2007 y «en la resolución del directo general de Trabajo y Seguridad Social de 17 de agosto de 2009».
El Tribunal de Cuentas concluye que «constituyeron un perjuicio a la Hacienda Pública andaluza, pues se hicieron desviando fondos destinados a otras finalidades» y «sin expediente administrativo alguno que acreditara la vinculación al interés público de dichos pagos».
