La exconsejera de Trabajo catalana Dolors Bassa envió un correo electrónico al secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, informándole de los derechos que tenían los trabajadores para ausentarse el 1 de octubre de 2017 de su puesto de trabajo y ejercer su derecho al voto en el referéndum ilegal.
Además, adjuntaba la Ley de Referéndum -suspendida por el Tribunal Constitucional- y el acuerdo del gobierno catalán que autorizaba a los departamentos a hacer contrataciones de cara al referéndum.
Así lo han manifestado hoy en el juicio por el proceso independentista dos de los guardias civiles que se encargaron de analizar estos correos, que han declarado como testigos, y sin que su imagen haya sido captada por las cámaras.
Uno de los agentes ha señalado que el añadido de las normas legales tenía como finalidad «dar validez jurídica» a la comunicación.
A preguntas del fiscal Fidel Cadena, ambos agentes han mencionado también otro correo remitido a Bassa por el alto cargo de su departamento Josep Ginesta, en septiembre de 2017, en el que éste le remitía el citado acuerdo sobre autorización del gasto para el referéndum.
Según han indicado, en la parte final se detallaban aspectos sobre publicidad, contratación de páginas web, compra de urnas, boletos, censo o voto en el extranjero, apuntando que la asunción de los compromisos económicos se haría de forma solidaria.
Preguntado por el abogado de Bassa, Mariano Bergés, uno de los agentes ha dicho que el volcado digital de los correos de la exconsejera, entre 1.000 y 1.500, se les facilitó en papel, y que de ellos se hizo una selección sobre aquellos que podrían tener relación con la causa.
Respecto al registro, este agente también ha relatado que él participó en el realizado el 20 de septiembre de 2017 en el departamento de Bassa, donde se entró por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en los despachos de tres altos funcionarios, David Palanqués, Josep Ginesta y David Franco.
Ha precisado que en el de Ginesta se encontró diversa documentación en la que había «un proyecto de independencia, de estado social para todos, de implementación del voto telemático en el extranjero», y otras medidas.
El agente ha contado que mientras realizaban el registro, los empleados fueron empapelando las paredes y los ascensores de papeles que decían «votaremos», en catalán.
También ha narrado que a las puertas de la Consejería se fueron concentrando personas, muchas de ellas funcionarios que abandonaban su puesto de trabajo y que llegaron a ser unas 300.
Ha dicho que como el ambiente se iba crispando, alguien de la Consejería propuso que sacaran a Ginesta detenido por una «ruta alternativa» a la puerta principal, aprovechando que el aparcamiento de la Consejería se compartía con el de un edificio colindante.
«Por ahí salimos y evitamos el conflicto», ha explicado.
