La historia había empezado a tomar los mismos tintes que el chiste del tonto y la linde. Sin embargo, al final, Joaquim Torra ha plegado velas y ha confirmado que cumplirá la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar todos los lazos amarillos y banderas independentistas de los edificios públicos de los que la Generalitat es titular durante el periodo electoral.
Casi fuera de tiempo, Torra ha cumplido con lo que se le exigía como máximo representante del Estado en Cataluña.
Fuera de tiempo porque mañana la JEC iba a reunirse para tomar una decisión final después de que Torra desoyera dos requerimientos en el mismo sentido.
Para justificarse ante la parroquia separatista, Torra ha dicho que va a buscar un símbolo alternativo que signifique lo mismo: la reivindicación de la libertad de los presos.
El defensor del pueblo catalán, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un hombre de gran prestigio personal y profesional, había recomendado hoy al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que acate el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) y ordene retirar los lazos y las banderas independentistas de los edificios públicos de su titularidad durante el periodo electoral
Y Torra, como el de la linde, había contestado que no iba a dar ninguna orden en ese sentido.
Según un comunicado de su oficina de comunicación, reiteraba su convencimiento de que «los lazos amarillos no son un símbolo partidista».
Y reafirmaba su compromiso «con la libertad de expresión en el espacio público, que no ha de ser neutral, sino libre», subrayando que los lazos amarillos eran un símbolo de recuerdo y reconocimiento con personas injustamente alejadas de su sociedad.
Es evidente que Torra esperaba que el Síndic le hiciera el juego, después de plantearle, el pasado lunes, una aclaración sobre lo que debía de hacer.
Pero el tiro le salió por la culata.
Tras el requerimiento inicial de la JEC, el viernes pasado el Síndic envió al ejecutivo autonómico una resolución, en base a otra del 17 de septiembre de 2018, que concluía que debía mantenerse el pleno respeto a la libertad de expresión de todo el mundo, lo que incluye la exhibición de todo tipo de símbolos democráticos antes, durante y después de las campañas electorales, pero que no deben exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral.
«Fuera del periodo electoral y tras el periodo electoral, todo el mundo, también las autoridades públicas, deben tener la libertad de colgar esta simbología, pero durante el periodo electoral las autoridades públicas deben abstenerse de ello», dijo en rueda de prensa Ribó.
Ahora tiene que cumplir con la ley.
