En la mañana de ayer el presidente del gobierno autonómico catalán, Quim Torra, cumplió con la legalidad más estricta: presentó un escrito ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona en el que solicitaba que no se ejecutara su inhabilitación como diputado del Parlament porque tenía intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarle.
Era su respuesta formal y rápida a la notificación que recibió ayer, a las 18.03, por correo electrónico del avance del acuerdo tomado por la JEC. En el escrito presentado, Torra subrayó que no disponía del texto completo de la resolución ni de los votos particulares emitidos en dicho fallo.
En consecuencia, ante la intención de presentar ese recurso, Torra reclamó a la Junta Provincial de Barcelona que “se abstuviera «de realizar cualquier actuación de ejecución” de la decisión de la JEC con el objetivo de “no vulnerar mi derecho a la tutela judicial efectiva”.
Terminó su escrito asegurando que una vez que presente el recurso ante el Tribunal Supremo, solicitando la medida cautelar (que será cautelarísima) –para la que el Supremo tiene un plazo de 48 horas–, se lo comunicaría a esa Junta Provincial.
El escrito del presidente autonómico finaliza asegurando que una vez presentado el recurso con la petición de la medida cautelar también se comunicará a la junta provincial.
De lo que se deduce que Torra asume la legalidad y sus consecuencias.
LA PUESTA EN ESCENA POLÍTICA: EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
Eso fue por la mañana. Por la tarde, el Parlamento autonómico aprobó la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP, rechazando la resolución de la JEC inhabilitando al Torra como presidente, pidiendo acometer todos los recursos judiciales y ratificando al frente de la Presidencia.
El punto de la resolución que «ratifica como diputado del Parlament y presidente de la Generalitat» a Quim Torra salió adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, los votos en contra de PSC y PP, y la abstención de los «comuns», mientras que los diputados de Cs no han votado y han levantado las manos para escenificarlo.
El texto aprobado exige «el fin de la represión, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, la amnistía de los presos, el libre retorno de los exiliados y la plena garantía en el ejercicio y la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Cataluña, y la necesidad de impulsar un Acuerdo Nacional para defenderlo».
Gemma Geis (JxCat) reivindicó que la defensa de la Presidencia de la Generalitat es una «cuestión de radicalidad democrática» y advirtió de que los demócratas no se pueden poner de perfil ante esta situación.
La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, destacó la importancia de la unidad del independentismo frente a la «represión» del Estado mostrada al presentar la propuesta de forma conjunta, aunque subrayó que el gran acuerdo con el que quieren conseguir la república catalana debe interpelar a actores más allá del independentismo.
La CUP votó a favor para apoyar a Torra a pesar de que, en su discurso, la diputada Natàlia Sànchez afirmó que el «Govern» está agotado, por lo que en otras circunstancias les gustaría «superar esta legislatura y empezar otra».
La portavoz de los «comuns» en el «Parlament», Susanna Segovia, dijo que la JEC «no es quién» para quitar el acta de diputado a Torra ni para inhabilitarlo y que apoyan la moción, no porque estén a favor de Torra, que no lo están, sino para preservar la institución de la Presidencia.
UNA PROPUESTA COMO ESA NO PUEDE RATIFICAR EN EL CARGO A TORRA
La portavoz del PSC en la Cámara, Eva Granados, explicó que no consideran que una propuesta de resolución pueda ratificar el cargo de un presidente del «Govern», por lo que pidió «respeto y rigor», y acusó a JxCat, ERC y la CUP de retorcer el reglamento para mostrar el apoyo a Torra.
Por parte de Cs, Lorena Roldán insistió en que Torra está inhabilitado y ya no puede ser presidente de la Generalitat, por lo que cree que «si tuviera un mínimo de ética, no podría firmar decretos ni sentarse en este escaño».
Desde la bancada popular, Santi Rodríguez dijo que iban a votar en contra porque detectan «diez falsedades» en el documento, y aseguró que la propuesta de resolución no tiene valor jurídico para ratificar al presidente de la Generalitat en el cargo.
