La acusación popular de Vox presentará mañana lunes un escrito ante el tribunal que ha condenado al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla–la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat)–, solicitando que se ejecute de inmediato la condena de año y medio de inhabilitación impuesta por no cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la precampaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril.
Aunque Torra todavía puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, Vox afirma que «concurre la causa de inelibigilidad sobrevenida», de acuerdo con el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Dicho artículo dice que son «inelegibles» los «condenados por sentencia, aunque no sea firme».
El tribunal del TSJCat consideró probado el delito de inhabilitación del artículo 410 del Código Penal: «Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
El TSJCat, además, le impuso una multa de 30.000 euros.
Torra, tras conocer la sentencia, el pasado 19 de diciembre, declaró: «A mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política».
Añadió tener «nula confianza en la justicia española después de haber contemplado el juicio político en el Supremo».
No obstante, después anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo su sentencia condenatoria.
