El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha acordado investigar al alcalde de Agramunt (Lérida) y diputado de ERC en el Parlamento catalán, Bernat Solé i Barril, por un presunto delito de desobediencia, a raíz de una querella de la Fiscalía que le acusa de participar activamente en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El tribunal de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJC ha admitido a trámite esta querella de la Fiscalía Superior de Cataluña, presentada el pasado 12 de febrero ante su presunta participación en la promoción, organización y celebración del referéndum en la población de Agramunt.
El Ministerio Público indicó que la votación se celebró en la escuela de infantil y primaria de titularidad municipal Macià-Companys.
El auto recoge que su participación, según denuncia el Ministerio Fiscal, vendría evidenciada a raíz de la publicación en la revista municipal Sió de un artículo titulado ‘¿Por qué hemos de participar el 1-O?’, sin firma, en el que parece que se hace constar que el día 25 de septiembre el alcalde habría intervenido en un acto celebrado en el teatre-casal Agramunt en favor de la promoción, celebración y participación en el referéndum del 1 de octubre.
Además, el fiscal añade que en esa revista se publicó bajo la firma de «Joan» otro artículo que explicaba que el alcalde de Agramunt decidió parar la votación que se llevaba a cabo en el municipio el 1-O cuando se percató de la llegada de vehículos policiales, y quese escondieran en la casa de un particular urnas, papeletas y «documentación comprometedora».
En opinión del tribunal, del «profuso relato de hechos contenido en la querella», muchos de ellos de «fácil constatación», al haberse publicado en diarios oficiales y recogido en medios de comunicación, se desprenden indicios suficientes de que concurre el delito de desobediencia que se imputa al querellado.
La Fiscalía de Barcelona también se querelló la semana pasada contra el director de la oficina del presidente catalán, Quim Torra, Joan Ramon Casals (PDeCAT), en su etapa como alcalde de Molins de Rei (Barcelona), por presunta desobediencia al ceder locales para el referéndum, tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.
También presentó otra contra Miquel Solà (ERC), regidor de Collbató (Barcelona), por presunta desobediencia, por ceder un local para el 1-O.
Todas estas querellas son resultado de la instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a alcaldes que habían cedido equipamientos municipales.
Desde septiembre de 2017, la Fiscalía abrió en toda Cataluña unas ochenta diligencias de investigación a alcaldes por el 1-O. Una decena se ha judicializado, mientras que la mayoría de las restantes se han archivado.
