La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el director de la oficina del presidente catalán, Quim Torra, Joan Ramon Casals (PDeCAT), por presunta desobediencia al ceder locales para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en su etapa como alcalde de Molins de Rei (Barcelona).
También se ha querellado contra Miquel Solà (ERC), regidor de Collbató (Barcelona), por presunta desobediencia, por ceder un local para el 1-O.
Ambas querellas son resultado de la instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a alcaldes que habían cedido equipamientos municipales.
La querella contra Casals se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) a raíz de una denuncia, y el escrito ha sido admitido a trámite según fuentes fiscales.
El Ministerio Público señala que como alcalde de Molins, Casals cedió locales para el 1-O «desatendiendo deliberada y conscientemente el requerimiento» del Tribunal Constitucional de cumplir con la suspensión.
Fueron centros de votación los locales de titularidad municipal los centros educativos Alzina y Estel, el Centro Cívico Pont de la Cadena y el ambulatorio Vell.
Además, indica que una vez el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum, Casals dictó un decreto en el que manifestaba su «pleno» apoyo al 1-O y ordenaba que dicha resolución fuera comunicada a la Generalitat, a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y a la Asociación de Municipios por la Independencia.
Además, informa que el 8 de septiembre de 2017, cuando ya había sido advertido personalmente a través de la Delegación del Gobierno de la resolución del Constitucional, Casals remitió un mensaje a todos los usuarios del correo electrónico del Ayuntamiento en que anunciaba que el Consistorio facilitaría los «espacios habituales de votación» para acoger las urnas del 1-O.
También alude a un discurso pronunciado por Casals el 11 de septiembre, en el que aseguró que las escuelas del municipio estarían abiertas como centros de votación.
El Ministerio Público considera que con su actuación contribuyó «de forma decisiva» a la celebración del 1-O.
La querella contra el alcalde de Collbató la ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Martorell (Barcelona) a raíz de un oficio del Ministerio Público de septiembre de 2017.
La Fiscalía de Barcelona acusa a Miquel Solà de permitir la votación en el local de titularidad municipal ‘Escola Graduada Mixta La Salut’, «pese a conocer sobradamente» que el 1-O había sido suspendido por el Constitucional.
Recuerda que recibió personalmente la providencia del TC que lo suspendía, a través de la Delegación del Gobierno.
El Ministerio Público también acusa a Solà de haber contribuido de forma «decisiva» a la celebración del referéndum ilegal, «desatendiendo deliberada y conscientemente» el requerimiento del Constitucional.
El pasado octubre, Solà declaró ante la Fiscalía de Barcelona.
«Ya hemos salido de donde nunca se debe entrar, citado por haber colaborado en la organización del referéndum el 1 de octubre. La democracia nunca debe ser perseguida», manifestó en su Twitter.
Ja hem sortit d’on mai s’hauria d’entrar, de ser citat per haver col·laborat en l’organització del referèndum de l’1 d’octubre. La democràcia mai hauria de ser perseguida. Gràcies pel vostre suport!! ✊ #seguim pic.twitter.com/WFjk8NOB7U
— Miquel Solà? (@miquel_sola) 16 de octubre de 2018
ARCHIVA LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON OTROS 10 ALCALDES
Por otro lado, el Ministerio Público ha archivado las diligencias de investigación relacionadas con el 1-O relativas a los alcaldes de Badalona, Sant Vicenç dels Horts, Masquefa, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Olesa de Montserrat y Montgat.
Informa que no ha podido constatar que dictaran resoluciones encaminadas a permitir la celebración del referéndum y ceder locales «más allá de las presunciones y fundadas sospechas».
«Tampoco ha resultado acreditado» que los alcaldes de estas localidades, sin formalización escrita, hubieran cedido el uso de locales como puntos de votación o que lo hubieran hecho mediante órdenes a empleados públicos o terceras personas.
Desde septiembre de 2017, la Fiscalía abrió en toda Cataluña unas ochenta diligencias de investigación a alcaldes por el 1-O. Una decena se ha judicializado, mientras que la mayoría de las restantes se han archivado.
