El Palacio de Justicia de Barcelona, donde tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Sala de Gobierno; en la foto pequeña Torra.
El TSJCat cita a declarar a Torra el 15 de mayo por desobedecer a la JEC con los lazos amarillos
El magistrado Carlos Ramos Rubio es el instructor de esta causa por un presunto delito de desobediencia
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03/5/2019 10:36
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Actualizado: 03/5/2019 10:43
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) ha citado a declarar al presidente catalán, Quim Torra, el próximo día 15 de mayo, a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña por un presunto delito de desobediencia (artículo 410 del vigente Código Penal).
El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.
La Junta Electoral Central trasladó el 21 de marzo a la Fiscalía General del Estado el expediente abierto a Torra por el “incumplimiento consciente y reiterado” por parte de Torra de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, que le ordenaban retirar de los edificios públicos de la Generalitat las ‘esteladas’ y lazos amarillos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral.
El Ministerio Fiscal remitió el 22 de marzo a la Fiscalía catalana el informe del órgano supervisor y el 27 de ese mes el fiscal superior Francisco Bañeres Santos presentó la querella.
El caso le compete a la Fiscalía de Barcelona por tratarse de un aforado y de un presunto delito cometido en esa comunidad autónoma.
El tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, formado por los magistrados Jesús M. Barrientos Pacho, Mercedes Armas Galve y Carlos Ramos Rubio, la admitió a trámite hace un mes y designó como instructor de la causa al magistrado Carlos Ramos Rubio.
Dos trabajadores de la Generalitat retiraron el 22 de marzo por la mañana la pancarta con el lazo amarillo y la otra con el lazo blanco con el lema ‘Libertad presos políticos y exiliados’ que colgaban de la fachada. La Junta Electoral Central (JEC) le había dado de plazo hasta las tres de la tarde.
Los trabajadores de la Generalitat retirando la pancarta con el lazo amarillo y la otra con el lazo blanco con el lema ‘Libertad presos políticos y exiliados’ que colgaban de la fachada. Foto: EP
También retiraron una pancarta colgada en una de las ventanas del Palau junto al balcón con el lema ‘Libertad de expresión’ y una careta con una franja roja cruzando la boca.
El 21 de marzo, la Generalitat había cubierto la pancarta del lazo amarillo con la otra con un lazo blanco.
La pancarta colocada el 21 que también reclamaba la libertad de los separatistas presos, a los que denominan “presos políticos”, pese a que en España no hay, y llevaba un lazo blanco. Foto: EP
El supervisor electoral se reunió el 21 por la tarde y decidó abrir un expediente sancionador al presidente catalán, y trasladar el caso a la Fiscalía.
TRES DENUNCIAS
‘Societat Civil Catalana’ (SCC), y Abogados Catalanes por la Constitución también denunciaron el 21 de marzo a Torra ante la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de desobediencia.
Además, señalan que también se pueden estar vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la libertad ideológica, y el derecho a la igualdad y no discriminación.
Se suma a otra presentada el 15 de marzo por el PP ante la Fiscalía General del Estado, por un presunto delito de denegación de auxilio a requerimiento de autoridad competente, y pidió a la Fiscalía “una investigación en profundidad” por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de denegación de auxilio (artículo 42.2 del Código Penal) o subsidiariamente de desobediencia (410 del Código Penal).
Ciudadanos también presentó una denuncia el 15 de marzo ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “por la ocupación separatista de los edificios públicos”.
Fue este partido el que presentó la queja ante la Junta Electoral Central por la exhibición en Cataluña de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos en periodo electoral.
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