El 51 por ciento de los abogados asistentes al XII Congreso del CGAE, en contra de la instrucción por el fiscal
Fueron 2.000 profesionales los que asistieron a este Congreso y se expresaron de forma muy rotunda sobre este particular: el pase de la instrucción de los jueces a los fiscales.

El 51 por ciento de los abogados asistentes al XII Congreso del CGAE, en contra de la instrucción por el fiscal

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12/5/2019 09:15
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Actualizado: 12/5/2019 12:32
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Esta respuesta es una de las respuestas más relevantes que ha deparado el XII Congreso Nacional de la Abogacía 2019: el recelo mayoritario a que la instrucción de las causas penales pase de manos de los jueces a los fiscales.

Desde fuera, las apariencias decían que la abogacía veía con optimismo este cambio, como se proyectó en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del PSOE de 2011 y en la propuesta del PP de 2013 de Código Procesal Penal, ninguna de las cuales vio la luz.

Pero no. El 51 por ciento no es que no lo vea, es que está en contra frente a un 32,29 por ciento, que se pronunció a favor.

El 16,70 por ciento no lo considera relevante. CGAE.

LOS FISCALES SON LOS QUE MEJOR TRATAN A LOS ABOGADOS

Sin embargo, y es curioso, sobre el trato recibido diariamente de jueces, fiscales, letrados judiciales y funcionarios, de quienes se consideran mejor tratados es de los fiscales.

Un 71,27 por ciento de los abogados consideran que el trato con ellos es correcto y un 2,45 por ciento, excelente. 

En el «lado oscuro», un 21,16 por ciento piensan que el trato es «incorrecto» y un 5,12 por ciento «muy incorrecto».

Es decir, un 26,8 por ciento. Lo cual conduce a una conclusión evidente: 1 de cada 4 abogados no se sienten bien tratados por los miembros de la Fiscalía.

Esa sensación de no verse bien tratados, se eleva, en el caso de los jueces y magistrados un 10,57 por ciento por encima de esa cifra.

Porque, de acuerdo con los encuestados, un 35,85 por ciento de los hombres y mujeres que administran justicia en España tratan a los abogados de forma incorrecta –un 30,73 por ciento– o muy incorrecta –5,12 por ciento–. 

Por contra, el 63,03 por ciento son correctos; un 1,11 por ciento tiene un trato excelente» con los letrados.

¿EXISTE UN «EFECTO ESPEJO»? 

Curiosamente, esa misma proporción se repite cuando se trata del trato recibido por parte de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios de la Oficina Judicial.

¿Imitan a sus señorías en su relación con los abogados? ¿Existe un «efecto espejo»?

Los resultados así lo sugieren, aunque no está científicamente constatado. Es lo que indican «los números».

En el caso de los letrados judiciales (los antiguos secretarios judiciales), los abogados sienten que en un 33,41 por ciento de los casos el trato con los jefes de la Oficina Judicial es incorrecto –un 26,06 por ciento– o muy incorrecto –un 7,35 por ciento–. 

Un 2,44 ciento por debajo de sus señorías.

Por lo que respecta a los funcionarios, un 34,29 por ciento de los abogados se sienten tratados de forma incorrecta -un 27,39 por ciento- o muy incorrecta -un 6,90 por ciento–. 

A un 1,56 por ciento por debajo de jueces y magistrados y un 0,88 por ciento por encima de letrados judiciales.

LOS «AGUJEROS NEGROS» DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Para los encuestados, por otra parte, los principales problemas de la Administración de Justicia son, por este orden: lentitud e incumplimiento de plazos, etc.; desorganización de la Oficina Judicial, burocracia, etc.; déficit de juzgados y de jueces; escasez de medios materiales (sedes, falta de modernización, etc.;  personal adscrito a la Administración de Justicia (falta de formación, de actitud, horarios, productividad, etc.); y planta judicial.

Las soluciones, desde el punto de vista de los abogados, son muy simples: Que haya compromiso y que se exija el cumplimiento de los plazos y los horarios de señalamiento; que se fijen y se exija el cumplimiento de los horarios de trabajo, dedicación y rendimiento de todos los cuerpos y carreras; que se especialicen los juzgados; que se creen Juzgados de Distrito o similares para asuntos menores civiles, penales, contencioso-administrativos y sociales y que existe en cada edificio judicial una Gerencia de dirección de personal, coordinación de salas y medios materiales.

REFORMAS PROCESALES ESENCIALES QUE HAY QUE ABORDAR 

Los abogados también consideran que hay leyes que deben reformarse de forma prioritaria.

La primera de la lista –la asignatura pendiente– es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pervive desde 1882 con mil y una reformas y parches; la segunda es una reforma procesal civil para mejoras en simplificación, rapidez, agilización y eficacia de los procedimientos y creación de órganos especializados.

La tercera en la lista son las reformas en derecho sustantivo y procesal en materia de familia, seguida de una reforma de los actuales criterios para la imposición de costas en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Los letrados también consideran que debe agilizarse todo aquello relacionado con materia de desahucio en inmuebles arrendados y de desalojo en ocupaciones ilegales y la potenciación de procedimientos alternativos de conflictos, en concreto de la mediación.

 

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