La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha dicho hoy en el juicio del proceso independentista que durante la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería catalana de Economía se enfrentó al entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, cuando éste y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sugirieron desconvocarla.
Según Boya, eran su compañera Eulàlia Reguant y ella las que trataron de que no se suspendiera.
«Jordi Sànchez y Jordi Cuixart estaban convencidos de que había que desconvocar la manifestación. Nosotras dijimos que no éramos nadie para desconvocar, que no teníamos esa potestad«, ha manifestado, y ha añadido que discutió con Jordi Sànchez sobre esto porque ella no estaba de acuerdo en desconvocar.
La exdiputada de la CUP ha relatado que Reguant y ella cedieron con la condición de que a cambio se citara de nuevo a la gente al día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) para seguir protestando por las detenciones y registros de sedes de la Generalitat.
Boya ha declarado en calidad de testigo a petición de las defensas de Sànchez y Cuixart.
Fue procesada por un delito de desobediencia en el este mismo procedimiento, pero el tribunal que juzga el ‘procés’ y que preside el magistrado Manuel Marchena decidió finalmente trasladar su causa al TSJCat, donde está pendiente de juicio junto con cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán.
Los exdiputados de la CUP en el Palamento catalán Eulàlia Reguant -en la actualidad concejal en Barcelona- y Antonio Baños también comparecieron en el juicio el pasado 28 de febrero, pero se negaron a contestar a la acusación popular de VOX.
El tribunal los sancionó, con una multa de 2.500 euros, porque los testigos tienen la obligación de contestar a las preguntas de todas las partes personadas en un procedimiento judicial.
Esta obligatoriedad está regulada en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y, según fuentes jurídicas, puede ser penada con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 18 meses por un delito de desobediencia.
Reguant y Baños recurrieron la sanción en marzo alegando «perjuicio moral» en responder a VOX.
DICE QUE SE SENTARON EN LA PUERTA DE LA CUP, ‘EJERCIENDO LOS MÉTODOS, LAS TÁCTICAS PROPIOS DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL’
Mireia Boya ha relatado que el 20-S primero acudió a la Consejería de Exteriores, pero que sobre las 10.30 horas recibió un mensaje en el grupo de coordinación de su partido instándole a ir a la protesta de la Consejería de Economía, donde vio a más diputados del Parlament, del Congreso y senadores.
Ha contado que estuvo allí hasta mediodía, cuando se marchó a la sede de la CUP, después de que le avisaran de que la Policía Nacional había intentado efectuar un registro sin orden judicial.
Estuvo junto a la entrada de la CUP unas ocho horas.
Ha contado que Eulàlia Reguant y ella se sentaron en la puerta de entrada, «ejerciendo los métodos, las tácticas propios de la desobediencia civil», y desde allí hicieron «llamamientos a la militancia» y al resto de la ciudadanía para que les ayudara a «defender la sede», ya que entendían que «se estaba produciendo un atentado contra los derechos de la CUP como partido».
DICE QUE LA PROTESTA ANTE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA ERA ‘FESTIVA’ LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO
Además, ha dicho que ambas volvieron a la Consejería de Economía para continuar con la protesta, que ha calificado de «festiva» la mayor parte del tiempo.
Ha apuntado que en un momento dado se percataron de un grupo de jóvenes que estaba «protestando de forma más entusiasta», pero no ha explicado a qué se refería con ese calificativo.
También ha señalado que Sànchez y Cuixart se acercaron a ellas para pedirles que trataran de calmarles e instarles a manifestarse siempre «de forma no violenta», dado que al ser jóvenes cabía la posibilidad de que fueran votantes de la CUP.
«Querían que les recordásemos cuáles son las bases de la desobediencia civil no violenta», ha apuntado.
SE SUBIERON A UN COCHE DE LA GUARDIA CIVIL, COMO SÀNCHEZ Y CUIXART, PERO LO HA ARGUMENTADO APELANDO A SU BAJA ESTATURA
Entonces ha informado que Reguán y ella se subieran al techo de un vehículo de la Guardia Civil, al igual que hicieron después Sànchez y Cuixart.
Lo ha justificado diciendo que «por su estatura» necesitaban algún lugar elevado para que les reconocieran, de manera que ellas consideraron que «subir al techo de uno de los dos coches de la Guardia Civil era un buen atril» para dirigirse a la gente.
«Los voluntarios de la ANC nos consiguieron un megáfono y consideramos que subir al techo de uno de los dos vehículos era un buen atril para dirigirnos a ellos y recordarles la actitud pacífica», ha dicho la exdiputada de la CUP.
Sobre lo que dijo, ha explicado que su intención siempre fue rebajar la tensión y que por eso dijo a los concentrados que sabía que «a muchos» de los manifestantes les gustaría estar «encima de un patrol de la Guardia Civil», pero lo ha justificado afirmando que se trataba de un comentario «humorístico».
Boya ha subrayado que en ese momento ese coche de la Benemérita «ya tenía daños materiales» y que se subió a él «no para provocar esos daños, sino para que no hubiera ningún tipo de altercado o problema».
Después, ha relatado sus diferencias con Sànchez sobre si desconvocar o no la protesta. Según ha contado, los ‘Jordis’ lo justificaban porque ya había terminado el registro y a medida que avanzaba la noche la gente más joven podían beber más alcohol y «descontrolarse», pero ha remarcado que Reguán y ella no estuvieron de acuerdo hasta que los líderes de las organizaciones soberanistas no se comprometieron a convocar para el día siguiente ante el TSJCat.
La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha comparecido un inspector de «Mossos d’ Esquadra» que participa habitualmente en las reuniones de seguridad ante convocatoria de grandes concentraciones, como las organizadas por la ANC.
A preguntas del abogado del exlíder de esta organización Jordi Sánchez, el policía ha recordado que hubo manifestaciones de frecuencia diaria frente al TSJCat en 2016, cuando se estaba juzgando a los responsables de la consulta separatista del 9-N.
Ha dicho que en ninguna de ellas se dieron episodios de violencia, y únicamente ha apuntado como incidencia que en una ocasión los concentrados eran tantos que transpasaron el pasillo de seguridad compuesto por agentes de los Mossos y llegaron a las escaleras del TSJCat.
En este contexto, ha añadido que también hubo concentración frente a la sede judicial el 21 de septiembre de 2017, la misma que Mireia Boya pidió convocar para suspender la de la Consejería e Economía.
MÁS VOTANTES DEL 1-O
En esta jornada del juicio también han testificado tres votantes en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Al igual que los que han pasado ya por el Tribunal Supremo, han asegurado que la Guardia Civil actuó en sus respectivos colegios electorales «a golpes con las porras», según ha dicho el primer testigo, Albert Nogueras, funcionario interino de la Generalitat, que votó en un colegio de Villalba Saserra (Barcelona).
Ha afirmado que los agentes del Instituto Armado intentaron llegar al colegio electoral sin explicar a ningún concentrado que tenían una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de incautar el material electoral e impedir el referéndum.
Nogueras ha señalado que los propios votantes, tras ver las intervenciones con incidentes en otros centros de votación, acordaron que «abrirían el paso» si así lo pedían los guardias civiles, pero que eso no ocurrió.
«Nos quedamos allí, entrelazados. Nos arrancaron y nos lanzaban a la mitad de la calle», ha afirmado Pilar Rodríguez, y ha indicado que una situación similar se vivió en un colegio de Fedac Horta.
«No explicaron nada a nadie, directamente fueron a sacar a las personas», ha asegurado.
