El Consejo General de la Abogacía protesta por la expulsión de Marruecos de una delegación de abogados observadores de Derechos Humanos

La visita del grupo de juristas tenía por objeto asistir hoy ante el Tribunal Penal de El Aaiún

20 / 05 / 2019 18:23

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha manifestado oficialmente su protesta por la prohibición de acceso a El Aaiún y posterior expulsión de Marruecos, sin justificación motivada, de una delegación de observadores internacionales de Derechos Humanos.

Entre ellos había cinco abogados españoles. La visita del grupo de juristas tenía por objeto asistir hoy ante el Tribunal Penal de El Aaiún a la vista que se celebra en el marco del juicio por el caso de Nazha El Khalidi.

El Khalidi es una periodista que trabaja en el portal electrónico ‘Equipe Media’ en el Sáhara Occidental, que ha sido acusada de incumplir los requisitos necesarios para ejercer como periodista. El juicio ha sido aplazado hasta el día 24 de junio.

Junto a dos observadores noruegos, los abogados y abogadas Ramón Campos, María Lourdes Barón, Ruth Sebastián, María Dolores Travieso y Sidi Talebbuia viajaron a Marruecos previa comunicación y acreditación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores españo.

Labor de observación judicial

Siguieron los procedimientos habituales que rigen la actividad del Consejo General de la Abogacía Española en apoyo a las misiones de observación judicial para velar por el respeto al Derecho de Defensa y al proceso judicial debido.

El Consejo apoya y auspicia desde el año 2002 la observación de juicios en el extranjero con el objetivo de velar por el debido proceso y una tutela judicial efectiva.

Las visitas auspiciadas hasta la fecha por el Consejo han tenido relación directa con las causas penales iniciadas contra ciudadanos de origen saharaui en las que se aprecian riesgos de que el procedimiento no asegure las preceptivas garantías legales.

La Abogacía Española reclama al Gobierno de Marruecos que permita la labor de los Observadores de Derechos Humanos y garantice el derecho de cualquier acusado a un juicio con todas las garantías procesales.

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