La asociación nació el pasado mes de marzo como consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (TSJCL), dictada en junio de 2018, en la que anulaba la Ordenanza fiscal por la que Aquavall, la empresa municipal, cobraba por el agua consumida.
De acuerdo con el TSJCL, las tasas aplicadas, desde el 1 de julio de 2017, no se ajustaban a la ley; condenó, además, a Aquavall a pagar las costas del pleito.
La consecuencia es que todos los abonados al servicio del agua tienen derecho a la devolución de lo pagado indebidamente.
Ahora la Plataforma de Afectados por Aquavall, que agrupa a un buen número de vallisoletanos, asesorados por el bufete de Abogados Eris, proyectan ir más allá: interponer una querella contra el alcalde del PSOE, Óscar Puente–quien se presenta a la reelección el próximo domingo y es uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez–, y la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, por prevaricación administrativa, un cargo que no conlleva penas de cárcel pero sí de inhabilitación para ejercer una responsabilidad pública.
HAY FUNDAMENTO LEGAL
“Tenemos fundamento legal para avanzar con la querella”, ha declarado Fernando Collado, coordinador del equipo que Abogados Eris ha destinado para este caso.
El Ayuntamiento de Valladolid –una coalición entre PSOE y las formaciones Valladolid toma la palabra (la concejal Sánchez pertenece a este grupo) y Sí se puede Valladolid– ha estado “boicoteando”, según Collado, la campaña informativa promovida por la Plataforma para que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos a reclamar el reintegro del dinero pagado por el consumo del agua.
“Ha habido censura directa del Ayuntamiento a las acciones que habíamos planteados. Por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados y rendirnos frente a la política de acoso institucional que ha llevado a cabo el gobierno de Puente”, añade Collado.
La Asociación ya ha empezado a presentar las primeras reclamaciones por vía administrativa, tanto en Aquavall como ante el Ayuntamiento de Valladolid.
El Consistorio que ha venido dirigiendo Puente, “remunicipalizó” el servicio del agua después de que finalizara el 30 de junio de 2017 la concesión de Aguas de Valladolid mediante la creación de la mencionada empresa municipal.
La bandera “remunicipalizadora” ha venido siendo una apuesta neta de las formaciones a la izquierda del PSOE –Podemos e Izquierda Unida–.
Una apuesta que fue plasmada en la declaración del 16 de noviembre de 2016 de Madrid, en la que Ayuntamientos bajo su control -o en coalición, como el caso de Valladolid– como Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña Tarrasa, Valladolid, Córdoba, Arganda del Rey y A Coruña, se comprometieron a remunicipalizar los servicios públicos bajo gestión privada, aunque funcionaran bien.
