La Fiscalía se opone a que el exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn salga otra vez de prisión para asistir a un Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, donde es concejal, por considerar que existe un «grave riesgo de reiteración delictiva», ya que vuelve a ostentar cargo público.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía cree que «no puede ni debe permitirse» que Forn vuelva a «escenarios públicos que permitan operar con similares instrumentos jurídicos que los que, en su día, fueron utilizados» para combatir el Estado de Derecho y vulnerar la Constitución.
«Un permiso penitenciario como el que se solicita pondría en riesgo la vigencia del ordenamiento jurídico en un contexto social y político similar a aquel en el que actuó el investigado y alteraría muy probablemente la convivencia ciudadana», añade el fiscal Fidel Cadena.
El exconsejero solicitó una nueva salida de prisión –ya acudió a la constitución del Consistorio barcelonés el pasado junio– para poder estar presente el próximo 16 de julio en el Pleno del cartapacio (reparto de cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento).
Privado de libertad
Pero el fiscal recuerda que Forn, para quien el Ministerio Público pide 16 años de prisión por rebelión, está «privado de libertad por autos judiciales que recalcaron su participación en el delito más grave contra el orden constitucional» y que en esa condición se presentó a las elecciones municipales.
«Por lo que la consecuencia natural de su estado procesal no es la de actuar como quien disfruta de libertad, sino la de asumir las consecuencias de la medida cautelar».
«No resulta factible compatibilizar la asistencia al Pleno del Ayuntamiento con la cumplimentación de los fines de la prisión provisional, y más en concreto con la conjuración del grave riesgo de reiteración delictiva, debido a las incitaciones que el propio investigado y el resto de procesados realizaron».
Añade el «incumplimiento general del ordenamiento jurídico estatal y autonómico y a la implantación de una vía unilateral de independencia que llevaba necesariamente, desde la violencia típica, a la fracturación territorial de Cataluña del resto del Estado en que se halla integrada», explica el escrito.
Asimismo, el fiscal recuerda que los preceptos para obtener permisos son «situaciones extraordinarias de la vida privada y familiar que justifican la salida del centro penitenciario por razones humanitarias que hacen imprescindible la presencia del preso para asistir a actos que se producen de forma más bien excepcional en la discurrir de la vida diaria de una persona».
«Ello resulta ajeno a lo que ahora pretende el preso preventivo investigado».
«Y es que las pretensiones que formula generan un conflicto de intereses y de derechos entre el legítimo ejercicio del derecho fundamental de participación política, con los principios y valores constitucionales que le son inherentes, y los bienes jurídicos que tutelan las normas penales que han sido presuntamente infringidas por el investigado», subraya.
EP
