El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, ha asegurado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que cuando era alcalde de Premià de Mar (Barcelona) no dictó ningún acuerdo o decreto, ni dio ninguna orden para permitir ceder locales para la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Buch ha declarado como investigado por un presunto delito de desobediencia ante el magistrado Jordi Seguí.
Según han informado fuentes jurídicas, su declaración ha durado sobre media hora y ha respondido a todas las partes.
El consejero de Interior catalán y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, ambos del PDeCAT, ya comparecieron el pasado noviembre ante el TSJCat en calidad de investigados.
Buch, por presuntamente haber promovido el referéndum ilegal del 1-O entre los alcaldes y Lloveras, por supuestamente haberles emplazado a facilitar locales para celebrarlo.
Buch dejó la alcaldía de este municipio barcelonés cuando fue nombrado consejero.
La causa fue archivada el pasado enero por el TSJCat. No obstante, a petición de la Fiscalía, el TSJCat acordó volver a imputarle por presuntamente facilitar la organización del referéndum en Premià.
A su salida del Juzgado, Buch ha dicho que confía en que la causa se archive como ha ocurrido con la mayoría de alcaldes catalanes, y ha defendido que él y muchos otros regidores de Cataluña dieron «apoyo político a todo el proceso del referéndum de Cataluña para que los catalanes pudieran decidir el futuro que querían».
Preguntado sobre si se arrepiente de su actuación el 1-O, ha señalado que «en ningún caso» se puede arrepentir.
«De lo que sí me arrepiento es de tener a amigos en prisión por una causa injusta y que hayan vivido un proceso en el Tribunal Supremo injusto», ha continuado.
Asimismo, ha lamentado vivir «en un Estado en el que se persigue a la gente que ha querido que la sociedad se manifieste democráticamente mediante unas urnas».
En Premià tres locales municipales que albergaron urnas: un polideportivo, la biblioteca y el llamado «edificio del Gas». Buch ha eludido cualquier responsabilidad.
Ha recalcado que en ningún caso dio órdenes para ceder locales el 1-0 y ha dicho que ha entregado al tribunal los certificados del Ayuntamiento que lo constatan.
Además, ha subrayado que mucha gente tenía las llaves de los colegios y que la apertura de los centros se pudo hacer «por que la sociedad se involucró para tener las escuelas abiertas».
«Esto significa, una vez más, que no fue una locura de los diputados del ‘Parlament’, del ‘Govern’ ni de los alcaldes, sino que fue la sociedad catalana que quería participar en el referéndum del 1-O», ha dicho.
También ha señalado que en el interrogatorio le han preguntado por el decreto municipal firmado el 7 de septiembre de 2017, y que él ha confirmado que sí que se dictó dicho decreto «de apoyo político» al 1-O, respondiendo a una petición de la Generalitat, pero que fue antes de la suspensión del Tribunal Constitucional.
Ese mismo día, el Tribunal Constitucional había emitido una providencia en la que suspendía el decreto del ‘Govern’ de Normas complementarias para la realización de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Según ha publicado Europa Press, un certificado de la secretaria municipal, consultado por la agencia, recoge que no consta en los archivos municipales ninguna resolución, comunicación o acuerdo de ningún tipo dictado por el alcalde de Premià de Mar entre los días 7 de septiembre y 1 de octubre de 2017 «de preparación o apoyo de ningún tipo a la celebración del referéndum de autodeterminación» o para facilitar la apertura de locales.
Indica que otro documento cita los ocho centros donde se pudo votar el 1-O en Premià -tres de ellos municipales- y constata que no hay una «llave única», sino varias copias en posesión del personal docente, servicios de limpieza y otras entidades.
Añade que este documento, firmado por el jefe de la Policía Local, también certifica que el Cuerpo y los agentes de la plantilla «no recibieron petición ni requerimiento de ningún responsable para facilitar la apertura de locales».
TORRA, CONSEJEROS CATALANES Y DIPUTADOS LO HAN ACOMPAÑADO AL PALACIO DE JUSTICIA DE BARCELONA PARA ARROPARLO
Buch ha sido acompañado al TSJCat por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, varios consejeros y diputados de JxCat.
Entre los miembros del ejecutivo catalán que han acudido a arroparlo también estaban el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès; Meritxell Budó (Presidencia); Josep Bargalló (Educación); Damià Calvet (Territorio y Sostenibilidad), y Jordi Puigneró (Políticas Digitales y Administración).
También han estado Alba Vergés (Salud); Mariàngela Vilallonga (Cultura); Chakir el Homrani (Trabajo Asuntos Sociales y Familias); Àngels Chacón (Empresa y Conocimiento) y Teresa Jordà (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación).
Asimismo, han ido el portavoz de JxCat en el Parlamento catalán, Albert Batet; el portavoz adjunto, Eduard Pujol; la diputada Aurora Madaula; la diputada en el Congreso Míriam Nogueras, el jefe de gabinete de Torra, Joan Ramon Casals, el secretario del gobierno catalán, Víctor Cullell; el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), David Saldoni; y la dirigente de Òmnium Cultural Marta Garsaball.
