La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto hoy diligencias tras una denuncia presentada por Ciudadanos contra el consejero de Interior, Miquel Buch, por presuntamente haber destinado como escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica a un asesor de su Consejería, Lluís Escolà i Miquel.
Escolà fue nombrado asesor de Buch en julio de 2018 y el 13 de marzo de este año el Diario Oficial de la Generalitat (DOGT) publicó su cese, después de que el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, preguntara en el pleno de la Cámara catalana al consejero por esta cuestión.
«Ha sido, sin duda, a raíz de que nosotros levantamos la liebre con la pregunta«, ha manifestado Carrizosa.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres Santos, pide saber si desde la fecha de su nombramiento como «asesor en materia de sistemas de seguridad» desarrolló actividades de custodia, protección o escolta de Puigdemont.
Además, solicita que se concrete la retribución percibida por el asesor mientras prestó sus funciones, y la situación administrativa en relación a su pertenencia al cuerpo de los Mossos d’Esquadra mientras ejerció como asesor.
Cs presentó su denuncia contra Buch ayer. La firman los diputados del Parlamento catalán Carlos Carrizosa Torres, Matías Alonso Ruiz y Jean Castel Sucarrat.
En ella, el partido de Albert Rivera reclamó a Fiscalía que investigue si el consejero de Interior ha cometido malversación continuada al destinar a un asesor como escolta en un país extranjero contra el criterio del Ministerio del Interior.
Ciudadanos expone en la denuncia que Puigdemont «es un huido de la Justicia por haber incomparecido a sus citaciones y mantenerse intencionadamente en esa situación», que cualquier actuación de escolta en el extranjero tiene que ser autorizada por el Gobierno y que el Ministerio de Interior denegó estos servicios al expresidente catalán, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura en España.
Ciudadanos pidió un informe jurídico a la Generalitat sobre la prestación de escolta a Puigdemont y el gobierno catalán respondió que, aunque la ley dice que los Mossos d’Esquadra sólo pueden actuar en el territorio de la comunidad autónoma de Catalunya, «este artículo resulta aplicable sólo en el ámbito nacional», por lo que no compete al Gobierno autorizar sus actividades en el extranjero.
Este partido considera una «grosera falacia jurídica» este argumento.
Señala que Buch nombró a Lluís Escolà como su asesor, pero que éste en su perfil de Twitter ha publicado repetidamente fotografías de su estancia en Bélgica, donde reside Puigdemont, y de otros países visitados por el expresidente catalán.
Por ello, este partido ve acreditado que «lleva prestando ininterrumpidamente el servicio de escolta del fugado señor Puigdemont en el extranjero, desplazándose junto al mismo por varios países extranjeros», como Suiza, Reino Unido y las Islas Feroe (Dinamarca).
Critica que Buch «adopta la decisión administrativa de nombrar como personal eventual» a Escolà «para enmascarar la efectiva puesta a disposición de dicho efectivo del cuerpo de Mossos d’Esquadra al servicio» de Puigdemont.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres Santos, subraya en el decreto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso Confilegal, que «la decisión de suministrar un servicio de escolta, con cargo al erario público, en favor de una persona contra la que consta dictado un auto de procesamiento firme y subsiguiente orden de busca y captura por graves delitos, podría, de confirmarse, llegar a constituir» delitos de prevaricación y malversación.
Por este motivo, abre la investigación y pide a los Mossos que averigüen si Escolà ha hecho de escolta de Puigdemont, su retribución y detalle del modo en que ha hecho de asesor de la Consejería de Interior, así como su situación administrativa respecto al cuerpo policial catalán.
