Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El TRACRC tumba un concurso de la Universidad de Cantabria que hubiera contratado a Victoria Ortega como asesora jurídica
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19/8/2019 00:13
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Actualizado: 03/3/2021 14:16
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado los pliegos de condiciones establecidos por la Universidad de Cantabria para contratar a un asesor jurídico durante los próximos cuatro años, tras estimar el recurso al proceso de licitación presentado por el abogado Miguel Ángel Gutiérrez Liébana.
Dichos pliegos exigían a los candidatos haber defendido legalmente a universidades públicas en los últimos ocho años (2011-2019) un requisito que solo cumple en Cantabria la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito, según informa El Diario Montañés.
El valor anual del contrato es de 192.786 euros y es prorrogable a tres años.
Dicho requisito no lo podía cumplir ninguno de los 1.239 profesionales colegiados en Cantabria porque «desde hace lustros este servicio lo ha ejercido de manera continuada Victoria Ortega», dice el periódico santanderino, «la exdecana de la corporación cántabra [el Colegio de Abogados de Cantabria], que ha encadenado contrato tras contrato».
«De hecho, Ortega Benito ha sido la única profesional que ha presentado oferta en el procedimiento de licitación», añade.
El abogado recurrente, Gutiérrez Liébana, argumentó que los pliegos exigidos eran «desproporcionados y restringen la concurrencia», por lo que solicitó la suspensión cautelar del procedimiento de contratación.
El TACRC, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Es el responsable de resolver los recursos sobre procedimientos de licitación pública, aceptó los argumentos de Gutiérrez Liébana y considera «muy restrictivo, desproporcionado y limitativo de la competencia y concurrencia» que la UC solo valore la experiencia profesional con universidades públicas y descarte esa misma experiencia «en otras entidades u organismos públicos» e, incluso, en el sector privado.
De acuerdo con el TACRC «concretar toda la experiencia solo en los ocho últimos años y solo con universidades públicas» es motivo suficiente para anular dicha cláusula.
La resolución del TACRC tiene fecha de 1 de agosto y no es firme. puede ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
El vicerrector de Doctorado y Relaciones Institucionales de la citada Universidad, Alberto Ruiz Jimeno, ha tomado la decisión de retrotraer el expediente de contratación al momento de la redacción de los criterios de contratación anulados por el TACRC para elaborar un nuevo pliego, informa el mencionado periódico.
La Universidad, en esta nueva convocatoria, tendrá que ampliar los requisitos de experiencia al ámbito de cualquier Administración pública y al sector privado, lo que posibilitará la participación en el procedimiento de muchos más letrados.
La presidenta del CGAE ha declarado al citado periódico, tras conocer la decisión del TACRC, que «la Universidad tiene que ajustar las condiciones de licitación a lo que dice. Si se tiene que hacer, lo hagan, no es un tema para preocupar».
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