La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga la gestión que hizo el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, con el barco de la ONG española Open Arms, después de que un abogado español presentara una denuncia por «detención ilegal» de las personas que iban a bordo del buque.
Fue el abogado Fernando Pamos de la Hoz quien el pasado 17 de agosto –en plena crisis del Open Arms– presentó la denuncia en Fiscalía General del Estado, la cual a su vez la puso en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el día 21, según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
En su denuncia, el letrado pedía a la Fiscalía que actuara «para preservar la integridad física y psíquica de los tripulantes y de aquellas personas que han sido rescatadas de una muerte segura y que según las últimas noticias están padeciendo lo indecible como consecuencia del actuar, impropio de un ser humano, del ministro italiano».
Pamos de la Hoz argumentaba que en el orden penal corresponde a la jurisdicción española «el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte».
A su juicio, Salvini es responsable del «menoscabo de la salud y de la integridad» de todos los inmigrantes a bordo del buque español Open Arms, por lo que debe ser objeto de investigación en este caso por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tribunal competente de los delitos contra ciudadanos españoles en el extranjero.
La Fiscalía General remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia de Vox contra el Open Arms
La Fiscalía General remitió la pasada semana a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia presentada por el partido político Vox contra la ONG Open Arms para su estudio y a fin de determinar su eventual trascendencia penal, según han informado a Europa Press.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Open Arms por «presuntos delitos de infracción de la Ley Marítima y colaboración con organización criminal para el tráfico de personas».
«Para la formación, la ONG y su barco, que ha permanecido 19 días esperando puerto en el Mediterráneo con más de un centenar de personas rescatadas del mar a bordo, ha cometido delitos que afectan a la seguridad pública y han provocado una grave crisis humanitaria».
En una nota de prensa, Vox afirmaba que las autoridades españolas «tienen prohibida la búsqueda activa de inmigrantes en el mar desde enero de 2019» al barco del Open Arms, que el 20 de agosto pudo finalmente desembarcar en la isla italiana de Lampedusa por orden de la Fiscalía de Agrigento (Sicilia). EP.
