La eurodiputada liberal se refería especialmente en su carta a Jourova a la falta de confianza mutua entre Estados miembro debido a la "incorrecta aplicación" de la euroorden en casos "graves" como los del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de la presunta etarra Natividad Jáuregui, reclamados por las autoridades judiciales españolas, pero que Alemania y Bélgica rechazaron extraditar.
La Comisión Europea admite deficiencias en la aplicación de la euroorden por algunos países y estudiará si aplica sanciones
Según informa en una carta la comisaria de Justicia a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, quién se dirigió a la responsable comunitaria para alertar del riesgo de impunidad por la mala aplicación del sistema
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06/9/2019 17:11
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Actualizado: 07/6/2022 16:22
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La Comisión Europea lleva a cabo una evaluación detallada sobre el cumplimiento de las reglas de aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por parte de los Estados miembro (EM), tras constatar que su implementación «no es del todo satisfactoria en algunos» países de la Unión Europea, y estudiará sanciones si detecta fallos graves.
Así lo ha informado la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, a la eurodiputada por Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE).
Hasta el momento, Bruselas había defendido que el sistema de euroórdenes «funciona» y que no era necesario revisar la decisión marco ni el catálogo de delitos para la entrega automática de un sospechoso, a pesar de las quejas de España, que reclama una reforma profunda.
En este sentido, Jourova ha dicho en varias ocasiones que está abierta a introducir «mejoras» en el sistema, pero que no contemplaba reabrir la discusión sobre las bases de la regla comunitaria.
Ahora, la comisaria europea de Justicia apunta que distintas evaluaciones y estadísticas sobre la puesta en práctica del sistema de euroórdenes en la Unión Europea han demostrado que «funciona bien de manera general», pero que «su implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros».
“Hemos conseguido que, por primera vez, la Comisión Europea admita problemas de aplicación de la euroorden y se plantee sancionar a Estados”, ha manifestado en comunicado Pagazaurtundúa.
La eurodiputada ha mostrado su satisfacción por el cambio de criterio de la Comisión Europea. Ha asegurado que “es fruto del trabajo constante de sensibilización de las instituciones comunitarias” y se ha comprometido a exigir mejoras en el ámbito de aplicación de la euroorden en las comparecencias de candidatos a comisarios para el nuevo periodo.
Maite Pagazaurtundúa dice que su objetivo será sensibilizar sobre este asunto a la nueva Comisión y a su futura presidenta, Ursula von der Leyen, cuyo mandato empieza el próximo 1 de noviembre.
?? La Comisaria @VeraJourova reconoce haber encontrado problemas en la aplicación de la euroorden por algunos Estados Miembros.
⚖ @maitepagaza “Como VP de @EP_Justice velaré por el correcto funcionamiento del espacio europeo de justicia y que se juzgue a los que no lo respeten” pic.twitter.com/mOkStXYERM
— Cs Europa ???? (@Cs_Europa) September 6, 2019
LA MISIVA DE PAGAZAURTUNDÚA A LA COMISARIA
El pasado 25 de julio, la eurodiputada se dirigió a la responsable comunitaria a través de una misiva para alertar del riesgo de impunidad por la «incorrecta aplicación» de la euroorden.
Aquel mismo día, la eurodiputada liberal había intercambiado puntos de vista con la comisaria sobre temas que recaen en el ámbito de la comisión LIBE y en el aquel debate la eurodiputada tuvo la oportunidad de plantearle una cuestión que le preocupa «mucho» y que «daña el espacio europeo seguridad, libertad y justicia de la Unión», como son los «problemas» relativos a la aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega, «un instrumento que es vital para el buen funcionamiento del espacio europeo seguridad, libertad y justicia y cuya efectividad está decayendo».
En la carta hizo hincapié en que «es necesario abordar problemas ya identificados, como son el necesario respeto del principio de proporcionalidad» cuando los Estados miembro emiten euroórdenes, así como «evitar su utilización abusiva para delitos menores, pero también otros que están surgiendo debido a la falta de confianza mutua entre Estados», a la que ella hizo aquel día referencia.
«Estos nuevos problemas tienen que ver con la incorrecta aplicación de la euroorden, como recientemente ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un grave caso de terrorismo, o el Tribunal Supremo español en una cuestión prejudicial dirigida hace unos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea», expresaba.
Pagazaurtundúa también subrayaba en su carta a Vera Jourova que «los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro deben ser respetados, al igual que deben respetarse los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión» y que «la Comisión debe promover y garantizar esa cooperación judicial en el ámbito penal y recordar a los Estados miembros que cuando reciben una euroorden son los estándares europeos establecidos los que deben ser aplicados».
Señalaba, además, que «una mala aplicación de este instrumento de cooperación puede generar impunidad y puede llegar a permitir a los delincuentes reales escapar a la acción de la Justicia».
«Vivimos en un tiempo de transformación profunda, y precisamente por eso es preciso tener en consideración que el propio Estado de derecho es más vulnerable y que debemos dar soluciones. Reforzar -con las mejoras necesarias- el espacio de cooperación judicial es una de las respuestas que necesitamos», proseguía.
Por todo ello, le reiteró la petición que aquel día le había trasladado, de «sensibilizar a la presidenta de la Comisión sobre este asunto y de rogarle que prepare un proyecto de revisión de la euroorden para que la nueva Comisión lo incluya entre sus prioridades».
JOUROVÁ ABRE LA PUERTA A ‘PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS ESTADOS CUMPLEN CON EL MARCO LEGAL’
La comisaria europea de Justicia no da detalles sobre los países incumplidores y se apoya en datos recogidos en años anteriores al caso de Puigdemont y los exconsejeros que le acompañaron en su huida a Bélgica. Sin embargo, añade que el Ejecutivo comunitario está recopilando de nuevo información detallada sobre la situación en toda la Unión Europea.
Se trata de analizar el nivel de transposición de la regla europea a las legislaciones nacionales de la Decisión Marco de la OEDE y de actuar en caso de que deficiencias graves.
«En base a este resultado podríamos iniciar procedimientos de infracción para asegurar que todos los Estados miembros cumplen con el marco legal», indica Jourova.
Además, la Comisión está «revisando y actualizando» el manual con las reglas para lanzar y ejecutar las órdenes europeas de detención y entrega, una medida que ha tomado en respuesta a «varias peticiones de profesionales para revisarlo».
Otra iniciativa sobre la que trabaja el Ejecutivo Comunitario, según Jourova, es la creación de unas directrices comunes sobre los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de rechazar una orden de entrega, en particular cuando se solicita información sobre las condiciones de las cárceles, por ejemplo.
Será una guía no vinculante, pero que Bruselas espera que arroje luz sobre el modo de interpretar y cumplir con lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien avala que un Estado miembro rechace entregar a una persona reclamada por otro socio de la UE si están en riesgo los derechos fundamentales.
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