El TEDH condena a Bélgica por no cooperar con España en la investigación a Natividad Jáuregui
Tendrá que indemnizar a los cinco hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en 1981, con 5.000 euros a cada uno, por daños morales
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09/7/2019 16:07
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Actualizado: 12/8/2020 10:23
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo -asesinado por ETA en 1981 en Bilbao- por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la presunta etarra Natividad Jáuregui, quien se refugia en ese país desde los ochenta.
Bélgica rechazó entregarla a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.
La familia del militar presentó entonces una demanda ante el TEDH, interpuesta por el despacho Salama García Blanco Abogados, que sostenía que la justicia belga no había esgrimido motivos suficientes para denegar la entrega.
El TEDH concluye que Bélgica vulneró el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida porque incumplió su «obligación de cooperar» con la justicia española para establecer la posible responsabilidad de Jáuregui en el crimen del teniente coronel Ramón Romeo.
Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condena a Belgica a indemnizar a los cinco hijos del teniente coronel -José, María de la Paz, María del Carmen, Monserrat y Ramón Romeo Castaño- con 5.000 euros a cada uno, por daños morales, así como a 7.260 euros por las costas del procedimiento.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha celebrado la condena y ha señalado que el TEDH reconoce «el sistema de libertades y garantías» de España.
El 19 de marzo de 1981, Ramón Romeo acudió a la misa de las 9:30 horas en la basílica de Begoña de Bilbao. Cuando terminó la ceremonia religiosa, un hombre y una mujer le siguieron y la mujer le disparó en la nuca. Dos días después falleció en el hospital.
Natividad Jáuregui, alias ‘Pepona’, también conocida como ‘la etarra de las mariscadas’ por fotos que ha colgado en Facebook, presuntamente es miembro del ‘comando Vizcaya.
Estaba huida desde 1979 y fue detenida en 2013 y 2016, en Gante (Bélgica), donde se instaló tras vivir en México y Francia.
En Bélgica se casó con uno de los abogados que la representan y regenta una empresa de cátering.
Ha habido otras negativas de la justicia belga a euroórdenes españolas, como con el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia, y el rapero Josep Miquel Arenas, alias ‘Valtonyc’.
Se da la circunstancia de que Paul Bekaert, el abogado de belga de Puigdemont también fue abogado de Natividad Jáuregui.
LA JUSTICIA BELGA SE AMPARABA EN UN INFORME DEL COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
El TEDH recuerda en su sentencia, que ha sido publicada hoy, que en 2004 y 2005 la Audiencia Nacional emitió dos órdenes europeas de detención contra Jáuregui, quien fue detenida en 2013 en la ciudad belga de Gante.
Indica que aunque en un principio el juzgado correspondiente había autorizado su entrega a España, el tribunal de apelación lo desestimó al considerar que estaban en riesgo los derechos fundamentales de Jáuregui.
Pese a que la Fiscalía belga recurrió esta decisión, el tribunal de casación lo rechazó.
La Audiencia Nacional volvió a reclamarla en 2015, pero los tribunales belgas siguen alegando los mismos motivos para no entregarla.
La Justicia belga se amparaba en un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del año 2011, en el que se criticaba la duración de la detención incomunicada en España y se destacaban algunas alegaciones que se habían presentado por malos tratos.
‘NI SIQUIERA TRATARON DE ENCONTRAR UN EJEMPLO DE ESA PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS’
El tribunal de Estrasburgo sentencia que Bélgica no cumplió con la «obligación de cooperar» con España para investigar y juzgar la posible participación de Natividad Jáuregui en el asesinato del teniente coronel Romeo, porque no se llevó a cabo un examen riguroso de las euroórdenes y porque no existía una «base fáctica suficiente» sobre ese presunto riesgo de violación de los derechos fundamentales.
Según los magistrados, los tribunales belgas no llevaron a cabo los procedimientos oportunos para encontrar un motivo que les llevara a rechazar la entrega de Jáuregui, lo que fue en detrimento de los derechos de los solicitantes, la Audiencia Nacional, para permitirle investigar el asesinato del teniente coronel.
Destacan que las autoridades belgas ni siquiera trataron de encontrar un ejemplo de ese posible riesgo de vulneración de derechos o cualquier deficiencia en las condiciones del encarcelamiento en España.
El TEDH considera que Bélgica «debería haber pedido información complementaria» sobre el régimen de detención que habría tenido la etarra en España con el objetivo de «comprobar» si existía riesgo «concreto y real» de vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
TRES ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN
En otro intento para continuar con la investigación, la Audiencia Nacional libró el pasado octubre tres órdenes de investigación para que sea interrogada por los crímenes que se le imputan.
Además del asesinato del teniente coronel Romeo Rotaeche, la Audiencia Nacional pidió que se la interrogara por un presunto delito de estragos terroristas cometido en los ochenta, y por el ametrallamiento de dos coches de la Guardia Civil en 1981 en Bilbao; ataque en el que tres agentes resultaron heridos de gravedad.
Jáuregui es la única presunta etarra que queda por enjuiciar del ‘comando Vizcaya’, integrado por José Antonio Borde, Sebastián Echániz y Enrique Letona, condenados a 28 años de prisión cada uno por la Audiencia Nacional en 2007.
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