Un médico ha decidido llevar a una de las residencias de Ballesol ante los tribunales. En concreto, debido a un despido del profesional médico que se producía después de diferentes acciones del médico en defensa de sus pacientes dentro de la residencia.
Una acción que también ha tenido repercusiones legales, presentando el despacho que le representa legalmente, Servilegal Abogados, una denuncia formal ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Después de una vida de sacrificio y trabajo, muchas son las personas mayores que necesitan ayuda. Y no siempre es únicamente de sus familiares, sino también de personal cualificado y médico.
Un lugar, las residencias de mayores, que deberían ser un espacio de cuidado y protección para estos mayores. Pero que, sin embargo, en este caso se ha convertido en el foco de una denuncia de gravedad y preocupación social.
Todo comenzaba cuando Raúl (nombre ficticio) era despedido de la residencia Ballesol en Madrid en la que trabajaba. Situación que llevaba al médico a presentar una demanda contra la residencia ante los tribunales por el despido.
Una acción judicial, dirigida por el abogado Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados, en la que se sostiene que el facultativo fue cesado después de negarse a participar en actuaciones que, según la demanda, podían poner en riesgo la salud, la dignidad e incluso la vida de varios residentes especialmente vulnerables.
Unos hechos que, según la demanda, el médico ahora despedido puso en conocimiento de la dirección y de los canales internos de la empresa.
Movimiento de Raúl enfocado a defender la ética médica y la normativa sanitaria.
Sin embargo, lejos de verse respaldado por el centro, el médico empezó a sufrir un progresivo aislamiento profesional, la apertura de un expediente disciplinario y, finalmente, su despido. Despido que ahora se encuentra ante los tribunales.
La demanda solicita la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y reclama además una indemnización por daños morales de 50.000 euros, al entender que nos encontramos ante una represalia directa por denunciar irregularidades internas.
Una demanda laboral que también se traduce en denuncia contra la residencia
Paralelamente a la vía judicial, Servilegal Abogados ha presentado también una denuncia formal ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que se investiguen estos hechos desde el ámbito administrativo y sanitario.
Y es que, entre los hechos denunciados por el médico ahora despedido, figuran acusaciones extremadamente delicadas, que ahora están en manos de la Consejería de Sanidad.
Entre ellas, la supuesta intención, por parte de cierto personal de la residencia, de provocar un brote psiquiátrico en una residente para forzar su salida del centro. También la supuesta administración de medicación paliativa por personal no habilitado y la alteración de documentación clínica mediante firmas presuntamente irregulares.
Uno de los episodios más impactantes recogidos en el escrito judicial hace referencia a la atención de una residente en fase terminal.
El facultativo habría advertido expresamente de la necesidad de que la morfina fuese administrada exclusivamente por personal sanitario habilitado, algo que, según se denuncia, no se respetó.
“Estamos ante unos hechos que, de acreditarse judicialmente, resultan estremecedores. Nadie lleva a sus mayores a una residencia para que sufran miedo, negligencias o decisiones inhumanas”, afirma Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados.
Así pues, tal y como explica el despacho a este medio, considera «imprescindible» que la Administración autonómica analice si existieron posibles incumplimientos en los protocolos asistenciales, en la administración de medicación y en la protección de los residentes, dada la especial vulnerabilidad de las personas afectadas.
“No estamos solo ante un conflicto laboral; estamos ante hechos que deben ser examinados por la autoridad sanitaria porque afectan directamente a la seguridad y dignidad de nuestros mayores”, subraya Ignacio Palomar Ruiz.
Y es que, ante estos supuestos hechos, la crudeza habla sola. «Lo más grave no es solo el despido; lo verdaderamente alarmante es el trasfondo humano de este caso. Hablamos de personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad y de decisiones que jamás deberían producirse en un entorno asistencial”, añade Palomar.
Un caso ante el que este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa Ballesol, sin haber recibido respuesta.
