La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por Servilegal Abogados y ha ordenado investigar a una letrada por un supuesto delito de deslealtad profesional, tras haber actuado presuntamente en contra de los intereses de su propia clienta.
La resolución, dictada por la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid y con ponencia de la magistrada Alicia Cores García, concluye que el archivo acordado previamente por el Juzgado de Instrucción nº 49 fue “precipitado” y que existen indicios suficientes para investigar los hechos.
El origen del caso se remonta a un procedimiento de divorcio. Según los hechos denunciados, la abogada habría interpuesto una demanda civil en nombre de su clienta sin su conocimiento ni autorización.
Aquella decisión tuvo consecuencias inmediatas: el procedimiento fue archivado por existir otro proceso en curso (litispendencia) y la clienta fue condenada a pagar las costas judiciales, que ascendieron a casi 20.000 euros.
Pero el impacto no terminó ahí. Esa condena derivó en una ejecución judicial posterior y en el embargo de sus bienes, generando una situación económica especialmente grave.
Además, un informe posterior de otro abogado llegó a calificar aquella actuación como jurídicamente inviable, reforzando la tesis de que no se trató de un simple error, sino de una actuación potencialmente temeraria y perjudicial.
Cuando un abogado perjudica a un cliente
El caso se enmarca dentro del delito de deslealtad profesional (artículo 467.2 del Código Penal), una figura penal poco conocida pero clave para proteger a los ciudadanos frente a actuaciones graves de sus propios abogados.
Este delito castiga a los profesionales que, por acción u omisión, perjudican de forma manifiesta los intereses que les han sido confiados.
En este caso, la Audiencia considera que existen indicios suficientes de que la actuación de la letrada podría encajar en este tipo penal, al haber promovido un procedimiento sin viabilidad jurídica, sin consentimiento de la clienta y con consecuencias económicas directas.
Uno de los puntos más contundentes de la resolución es la crítica al archivo inicial del caso. La Audiencia señala que no se practicó “ni una sola diligencia de investigación”, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid ordena reabrir el procedimiento y practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, dejando claro que no se puede cerrar un caso con indicios sin investigar previamente.
Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados y letrado del caso, ha valorado la resolución con contundencia:
“Este fallo devuelve la confianza en la justicia. No puede ser que una persona vea arruinada su vida por la actuación de quien debía defenderla. Hemos demostrado que no estamos ante un simple error profesional. Cuando se actúa sin consentimiento del cliente y se generan perjuicios evidentes, la interpretación legal debe ser otra: hay que investigar.”
Un divorcio que no es el único caso
Este procedimiento abre la puerta a que otros ciudadanos revisen actuaciones similares sufridas en sus procesos judiciales. La confianza en los profesionales del derecho es esencial, pero también lo es la existencia de mecanismos para exigir responsabilidades cuando esa confianza se rompe.
Palomar refiere “Las conductas absolutamente negligentes no pueden quedar impunes. En Servilegal vamos a llegar hasta el final para que se depuren responsabilidades.”
La decisión de la Audiencia Provincial refuerza un mensaje claro: los errores graves en la defensa legal no siempre son solo civiles, pueden tener consecuencias penales.
