La Audiencia Nacional juzga desde hoy a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, a la concejal de Bildu Amaia Izco, al exsenador de ese partido Iñaki Goioaga y a otros 43 letrados acusados de integrar el órgano de ETA ‘KT’, coordinador de su frente de makos o de cárceles para el control de los presos y huidos.
Los 47 acusados habrían formado parte del denominado ‘frente de cárceles’ de ETA bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, como el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat.
El caso será juzgado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, en la sede de la AN en San Fernando de Henares (Madrid). El juicio arrancará a las 10.00 de la mañana.
Se prevén casi una veintena de sesiones. La última está fijada para el 28 de noviembre.
Representantes de ERC, Junts per Catalunya y Bildu acudirán a apoyar a los 47 letrados que se sentarán en el banquillo en la Audiencia Nacional acusados de colaborar con la banda terrorista, entre quienes también se encuentran las abogadas Amaia Izco y Jaione Carrera, que ejercen la defensa de tres de los acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en octubre de 2016, Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, respectivamente.
La Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), piden condenas que oscilan entre los 8 años y los 20 años y 5 meses de prisión, por presuntos delitos de participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo a enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares, entre otros.
El Ministerio Público también solicita penas de inhabilitación para cargo o empleo público que oscilan entre 10 y 15 años.
Las acusaciones sitúan a Zulueta y Enparantza en calidad de «dirigentes» y piden para ellos 14 años de cárcel por supuesta participación activa en organización terrorista.
Para la actual concejal de Bildu en Pamplona, Amaia Izco, el exsenador Iñaki Goioaga y Ainhoa Baglietto el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pide 11 años de prisión.
A la pena más alta se enfrenta Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira, para quien se solicita 20 años y 5 meses por la acumulación de varios presuntos delitos: participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de cautelares.
A la mayoría de procesados se les acusa de participación activa en organización terrorista. Sólo Naia Zurriarain será juzgada por presunta colaboración con ETA, para quien reclaman 8 años de cárcel.
Zulueta estuvo en prisión preventiva tres años, entre enero de 2014 y febrero de 2017. Quedó en libertad bajo fianza de 200.000 euros.
Jon Enparantza también ingresó en prisión junto a Zulueta y otras siete personas tras su detención en la ‘operación Jaque’.
COHESIÓN ENTRE LOS PRESOS Y FIDELIDAD A ETA
Este ‘frente de cárceles’ fue desarticulado en las operaciones ‘Jaque’, ‘Mate’ y ‘Pastor’, desarrolladas en enero de 2014, y en enero y marzo de 2015, más de una década después de que, por orden de ETA, se creara el denominado ‘Koordinazio Taldea’ (Grupo de coordinación), también denominado ‘KT’, cuya función principal era dirigir el EPPK (colectivo de presos) de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a la banda, ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA le hacía llegar.
Según las acusaciones, el KT diseñaba y organizaba las campañas de movilización y reivindicación que realizaban los presos en el interior de las prisiones, dirigía y dinamizaba los procesos de debate y reflexión que desarrollaban sus miembros, realizaba un seguimiento directo de la situación de cada preso de ETA, actuaba como portavoz del EPPK, elaborando y difundiendo sus comunicados oficiales y mantenía permanentemente informada a ETA de la situación del conjunto de miembros del EPPK.
Sus miembros eran «plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y su actividad contribuye a los fines» de la organización terrorista, afirma la acusación.
Indican que el ‘colectivo de abogados’ era una estructura formada por abogados en activo que, sirviéndose de su condición de letrados, además de asistir jurídicamente a los miembros del EPPK realizaban funciones de «asistencia política» a los mismos, recopilando y centralizando todo tipo de información relacionada con los presos que formaban parte de dicho grupo, información que se remitía posteriormente a las estructuras de dirección del ‘frente de cárceles’.
La realización de esas actividades convertían al ‘colectivo de abogados’ en uno de los principales instrumentos, tanto de ETA, como del KT y de Askatasuna.
Los documentos que se incautaron en la detención del exdirigente de ETA Mikel Albisu Iriarte, ‘Antza’, acreditaron que en 2004 la reestructuración de los presos de la banda que se había iniciado un año antes se iba consolidando y cómo ETA continuaba ejerciendo la dirección y supervisión de este entramado organizativo creado para gestionar todo lo relacionado con los presos de la organización terrorista, en el denominado ‘frente de cárceles’.
REORGANIZACIÓN EN 2012
Según las acusaciones, este frente se mantuvo prácticamente igual hasta 2012, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, cuando se produjo una reorganización en el que el colectivo de presos se planteó como uno de los principales elementos de movilización de la base social de la organización y su entorno, con reivindicaciones a favor de los derechos supuestamente vulnerados de los miembros del EPPK como factor que permite acumular fuerzas procedentes de otros sectores políticos y sociales ajenos a la izquierda abertzale, y así tratar de aumentar la presión política y social.
