Licenciados en Derecho: La aristocracia política de las democracias
Adolfo Suárez (1976-1981), Felipe González (1981-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018) pasaron todos por la Facultad de Derecho, donde se licenciaron; todos tenían formación legal.

Licenciados en Derecho: La aristocracia política de las democracias

Un alto porcentaje de los presidentes de Gobierno en el mundo son o han sido juristas
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28/9/2019 01:00
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Actualizado: 27/9/2019 22:42
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Si existiera una carrera previa como requisito para ser presidente, seguramente sería la de licenciado en Derecho. Según un estudio de The Economist realizado hace unos años sobre 5.000 presidentes de gobierno y ministros, el 20% resultaron ser juristas, repartidos entre Europa y Estados Unidos.

Le seguían otras profesiones del ámbito empresarial, con un 17%, y a continuación diplomáticas, militares, periodistas, economistas, médicos y académicos.

Ya lo dijo Alexis de Toqueville en el siglo XIX cuando visito Estados Unidos: “los abogados forman la clase política más alta”.

En España, tanto durante la República como en democracia, obviando, como es natural la dictadura, la mayoría de los presidentes eran a la vez abogados o habían estudiado leyes.

Sucede lo mismo en Estados Unidos, donde 25 de sus presidentes fueron antes abogados, así como en muchos otros países del mundo, con notables excepciones.

De los siete presidentes de Gobierno de la moderna democracia que ha tenido España solo dos no han tenido formación legal: Leopoldo Calvo Sotelo, que era ingeniero, y Pedro Sánchez, el actual presidente en funciones, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Los demás procedían del mundo del derecho.

La pregunta entonces es si algunas profesiones preparan mejor para ejercer cargos de responsabilidad en los Gobiernos.

Es casi imposible medir con certeza si una carrera específica ayuda a tener un mejor desempeño del cargo, porque para hacerlo bien, no sólo hacen falta habilidades y competencias.

Expertos señalan que quizá esta tendencia tenga que ver con que los estudios de Derecho han estado más ligados a lo público, por encima de las carreras de ciencias, además de tratarse de una formación que acerca a los presidentes más a las leyes y por lo tanto, son más conscientes a la hora de estudiarlas y aprobarlas.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Carmen Navarro Gómez, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, explica a Confilegal, que en cuanto al salto a la política de jueces, fiscales o abogados, “son cuerpos de la Administración del Estado con un gran afán de servicio al bien común, lo que resulta en un beneficio para los administrados».

«Es bueno que los políticos tengan una formación previa sólida, de esfuerzo y capacidad de las oposiciones, por lo que profesionalmente están muy cualificados y lo que es importante pueden volver a sus puestos, con lo que se evita la profesionalización de la política”.

En su opinión, esta preeminencia de los estudios de Derecho entre la clase política española tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

“Por un lado, conocen perfectamente el funcionamiento del sistema político, pero por otro, la perspectiva jurídica se centra más en el procedimiento legal que en los objetivos y resultados”

En España, dice la experta, “no hay evaluación de las políticas públicas en cuanto a rendimiento, pero sí mucho control jurídico de la legalidad del proceso, además del control económico. La Administración es totalmente jurídica, lo que origina un sesgo en esta dirección en su actuación».

«Y como los estudios de Derecho son generalistas, mientras en otros países son estudios de posgrado en las Schools of Law, al final nuestros estudiantes, que son muchísimos, buscan salida natural en la oposición a la Administración, que está llena de abogados”.

MÁS VARIEDAD SEGÚN LOS PAÍSES

Navarro echa de menos más variedad profesional, “como médicos, ingenieros, profesionales de las ciencias políticas, porque aportarían unas visiones más amplias y por tanto más riqueza”.

En cuanto al aspecto legislativo, no cree que sea importante haber estudiado Derecho a la hora de impulsar las leyes.

“Al fin y al cabo no es el presidente del Gobierno ni el ministro el que las redacta directamente, sino sus equipos legales. Para saber lo que se quiere conseguir: menos corrupción, más transparencia, mejor sanidad, mejor educación, no hace faltan conocimientos jurídicos”.

Esa diversidad  que refiere  la experta se da por ejemplo, en China y Rusia, donde priman los ingenieros, algo atribuible a culturas en las que el conocimiento de la tierra, de la industria y de las infraestructuras es sumamente importante por lo amplio y variados de sus territorios.

En el continente africano, son los militares quienes tienen más presencia, mientras  en América Latina  pueden encontrarse desde médicos, a economistas y empresarios.

En Europa, Angela Merkel, estudió en el Instituto de Física y Química de la Academia de las Ciencias doctorándose en Física Cuántica. Trump es empresario, Boris Johnson periodista, Bolsonaro, militar y Putin abogado.

ILUSTRES JURISTAS AL FRENTE DEL PAÍS

Los cinco presidentes con formación legal –licenciatura en derecho– han sido Adolfo Suárez, Felipe González –abogado laboralista–, José María Aznar –inspector de Finanzas del Estado–, José Luis Rodríguez Zapatero –profesor colaborador de Derecho Constitucional, y Mariano Rajoy–, registrador de la propiedad.

España siempre ha tenido una administración muy jurídica.

En la Segunda República (1931-1939) también fueron juristas Manuel Azaña Díaz, de Acción Republicana e Izquierda Republicana -presidente del Consejo de Ministros (como se denominaba antes al presidente del Gobierno) y segundo presidente de la Segunda República-;   Joaquín Chapaprieta Torregrosa, del Partido Centrista e independiente -presidente del Consejo de Ministros-; Manuel Portela Valladares -ministro de la Gobernación y presidente del Consejo de Ministros-;  Niceto Alcalá-Zamora y Torres, del Partido Republicano Conservador -primer presidente de la Segunda República-.

Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña Díaz, primer y segundo presidente de la Segunda República, respectivamente, eran licenciados en Derecho. 

También Ricardo Samper Ibáñez, del Partido Republicano Radical; Augusto Barcia Trelles, de Izquierda Republicana, y Santiago Casares Quiroga, de Izquierda Republicana presidieron en algún momento una o varias veces el Consejo de Ministros.

Pero es Estados Unidos el país en el que más presidentes tenían la carrera de abogados, entre ellos John Adams, Thomas Jefferson, James Monroe, Rutherford B. Hayes, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford, Bill Clinton, Barack Obama.

Y hasta Richard Nixon.

En total, más de la mitad de todos los presidentes, vicepresidentes y miembros del Congreso fueron juristas antes de ocupar el cargo.

Como curiosidad, Abraham Lincoln no tuvo una educación formal y fue abogado autodidacta: durante su mandato abolió la esclavitud y tuvo lugar la Guerra de Secesión norteamericana.

HABILIDADES EN RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN

Los abogados llegan a la cima de la política por varias razones, según Nick Robinson, asesor legal en el International Center for Not-for-Profit Law, formado en la Universidad de Yale y en Harvard.

Según su investigación, los políticos abogados “tienen una clara inclinación por hacer leyes y los votantes a menudo valoran sus habilidades en retórica y argumentación, así como su preocupación por la justicia”.

Además, también tienden a ganar más dinero y provienen de entornos familiares más elitistas, lo que les permite pagar escuelas de derecho y campañas políticas.

Maya Sen, politóloga y profesora asociada en la Harvard Kennedy School (HKS) estudia la política de la profesión jurídica, incluidas las de abogados, jueces, profesores de derecho y empleados.

Sen, en declaraciones a la Gaceta de Harvard, destacó que los juristas resultan ser la clase profesional políticamente más importante,  y que según sus estudios “la diversidad ideológica es importante inherentemente, pero también una determinada formación es importante a la hora de  comprometerse con los problemas públicos y ganar credibilidad y confianza de cara a los electores”.

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