Los siete CDR detenidos por terrorismo se reunieron de forma secreta, el 15 de septiembre del pasado año, con la hermana del prófugo Carles Puigdemont, y le entregaron documentación sensible con el fin de establecer «comunicaciones seguras» entre el expresidente autonómico catalán y su sucesor al frente de la Generalitat, Quim Torra, de acuerdo con un auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, al que ha tenido acceso la Cadena SER.
El magistrado dice en dicho auto que habrían adoptado «unas grandes medidas de seguridad» para llevar a cabo esta reunión.
A dicha reunión asistieron 5 de los 7 CDR detenidos la pasada semana –Guillem Xavier Duch Palau, Ferrán Jolis Guardiola, Eduardo Garzón Bravo, Clara Borrero Espejo y David Budria Altadill–, a los que les incautaron artefactos explosivos en su poder.
Uno de ellos ha asegurado que Torra también se encontraba en esa reunión aunque los investigadores no han dado credibilidad a esa información.
Otro de los planes era ocupar durante cinco días el Parlament.
El detenido Ferrán Jolis era una «pieza clave» para la organización de este plan, según los investigadores. Iba a encargarse de establecer las «comunicaciones seguras e indetectables» desde el interior del parlamento, cuya instalación se realizaría en «establecimientos y restaurantes cercanos mediante la usurpación de puntos wifi».
En este contexto, según el auto, Jolis manifestó por teléfono que «me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada».
Por otra parte, el mencionado Jolis y Ferrán Ros, los dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que prestaron declaración ante la Guardia Civil y el juez han renunciado a sus abogadas de oficio y han decidido unirse a la estrategia de defensa del resto de investigados, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Los dos sospechosos han tomado esta decisión sólo unos días después de que García Castellón les tomase declaración y enviase a prisión provisional junto a los otros cinco detenidos por delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Ros y Jolis fueron los que admitieron a los investigadores de la Guardia Civil tener conocimiento sobre la compra y pruebas con explosivos, aunque trataron de desmarcarse de las acusaciones de terrorismo y enmarcaron la manipulación con este material en actos de sabotaje, tratando de demostrar que no tenían intención de causar daños a nadie.
Así lo indica también su ahora nuevo equipo de defensa, que explica que todos los detenidos están muy impactados por las imputaciones, pero al mismo tiempo están tranquilos porque aseguran que no son terroristas ni personas violentas.
El magistrado de la Audiencia Nacional afirma en el auto de prisión de los detenidos que existen «indicios de que formaban parte» de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una «estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta».
Es más, Ferrán Jolis confesó ante el juez que le habían dicho que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament, según las fuentes consultadas por Europa Press. Aunque los investigadores tenían «indicios» de este extremo desde hace «varios meses», es un dato que aún requiere comprobación.
