La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado este viernes a que un juzgado de Madrid, y no la Audiencia Nacional, investigue una presunta revelación de secretos.
El motivo es la filtración a la prensa del contenido de los autos de prisión dictados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en relación con los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que se investigan por terrorismo.
Así ha informado la Fiscalía al magistrado García Castellón, después de que las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional por terrorismo le solicitaran que abra una pieza separada para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de las partes secretas de la causa.
Además de la adopción de medidas cautelares para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Asimismo, piden al magistrado que requiera a los medios de comunicación que retiren los enlaces correspondientes a las información que están bajo secreto, ya que afectan a la «intimidad y seguridad» de los detenidos, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El Ministerio Público comparte que las filtraciones pueden suponer la posible comisión de un delito de revelación de secretos, pero descarta que ello sea incluido en la causa principal, ya que entiende que la competencia para investigarlo no es de la Audiencia Nacional.
Por ello, pide que el caso se traslade a los Juzgados ordinarios de Madrid para aclarar si ha existido ese delito y encontrar a los responsables.
EL JUEZ AÚN TIENE QUE DECIDIR
Una vez conocida la postura de la Fiscalía, el juez Manuel García Castellón tendrá que decidir si acepta la petición de las defensas de investigar las filtraciones dentro de la causa abierta en la Audiencia Nacional.
O, si por otra parte, comparte la posición del Ministerio Público y se inhibe a los juzgados de Plaza de Castilla; o si bien, directamente, no abre ninguna investigación.
Desde que los miembros de los CDR fueron detenidos el 23 de septiembre, se han ido conociendo poco a poco datos de la investigación y de los indicios que la Guardia Civil ha recabado a través de los medios de comunicación, pero no por cauces oficiales, ya que la causa está bajo secreto de sumario.
En los últimos días, además, se han conocido los autos de prisión de los imputados, documentos que también son secretos.
Para los letrados de los detenidos, estas filtraciones, que califican de «masivas», afectan al derecho de defensa y de presunción de inocencia de sus clientes, sin que se pueda ejercitar ningún derecho a réplica, ya que siguen sin tener acceso a las actuaciones.
EL SUMARIO SÓLO LO CONOCEN JUEZ Y FISCAL
También denuncian en su escrito la filtración de «datos de carácter personal y multitud de hechos que son objeto de la investigación», a pesar de que, según recuerdan, el sumario completo de la causa sólo es conocido por el juez y la Fiscalía para proteger las pesquisas.
Las defensas no han ocultado desde el principio su sorpresa e indignación por estas publicaciones.
Ya que ellos sólo tuvieron acceso a unos autos ‘capados’ en los que no se aportaba ningún detalle concreto de la investigación y en el que sólo se exponían fundamentos jurídicos que justifican la medida de prisión provisional, como es el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
Únicamente se hacía mención a la supuesta integración de los detenidos en el ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una «estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta».
El juez García Castellón atribuye a este grupo un «alto nivel de profesionalización» y relación con una persona con un «componente peligroso».
AUTOS SECRETOS: LA HERMANA DE PUIGDEMONT Y EL ‘CNI CATALÁN’
En los autos que están bajo secreto de sumario se concreta que los investigados celebraron una «reunión secreta in itinere» el 15 de septiembre de 2018.
Allí estuvo la hermana del expresidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont, que tenía como objetivo de «entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre éste y el actual presidente, Quim Torra.
En dichas resoluciones también se detallaba que «en la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado».
«Este consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precintado día ‘D’, con el fin último de subvertir el orden constitucional».
El magistrado entiende que los ERT contaban con una «estructura jerarquizada» y en este contexto, destaca que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), considerado como el ‘CNI catalán’, «asumió y planificó» el «asalto y posterior ocupación de forma ilegal» del Parlament que debían ejecutar los ahora detenidos y que tenían este entre sus planes junto al sabotaje de infraestructuras críticas.
