Dos son los retos que tiene el sistema judicial español en estos momentos y que, de llevarse a cabo, ahorrarían tiempo y dinero a todos los actores de este sector: la propia Administración, procuradores, abogados y ciudadanos que acuden a la vía judicial a resolver sus diversos conflictos.
Esas mejoras son la modernización del sistema judicial gracias a la digitalización y una reforma en el sistema de costas, según reclamador.es.
¿Cómo es posible que se obligue a abogados y procuradores a presentar copias en papel cuando se dispone de la documentación online?
Respecto a la digitalización de la justicia, es necesario una mejora de LexNET y el resto de sistemas informáticos de ámbito autonómico que tienen por misión servir de plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y los profesionales del Derecho.
Pero, aunque tienen como meta permitir un aumento de la agilidad y la eficacia de los procedimientos y la comunicación con los órganos judiciales, y como propósito lograr un mayor acercamiento a los ciudadanos a la justicia, lamentablemente por el momento no se han demostrado todo lo eficaces que se podría esperar.
Desde la inicial incompatibilidad entre unos programas y otros, que redundan en la imposibilidad de compartir y cruzar datos (lo que se revela especialmente importante en los asuntos penales, con personas que han delinquido en distintas Comunidades)
Otro aspecto es que tratándose de una herramienta online, la documentación que debe remitirse está limitada a una sola clase de archivo (pdf) y 15 Mb.
Por añadidura, y aún cuando los documentos se presentan telemáticamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue exigiendo que la demanda y contestación se presenten igualmente en papel y en gran parte de los Juzgados se va más allá requiriendo copias del resto de los escritos de trámite también en papel.
¿Cómo es posible cuando se dispone de la documentación online?
MODIFICAR EL SISTEMA DE COSTAS PARA AHORRAR TIEMPO Y DINERO A LA JUSTICIA
También se propone que se modifique el actual sistema de costas en España.
Una reivindicación que pide que se reconozca igualmente la imposición de costas por vencimiento a los casos de pequeña cuantía, con el fin de que las grandes empresas que saturan la justicia dada su negativa a acuerdos extrajudiciales, sean condenadas a pagar las costas del procedimiento judicial si la sentencia les es contraria.
Con ello, se evitaría que las grandes corporaciones utilizaran la vía judicial como medio disuasorio para evitar cumplir con sus obligaciones y se conseguiría que los conflictos se resolvieran en un menor plazo de tiempo.
Por ejemplo, en España, si una aerolínea decide llegar a un acuerdo sin necesidad de acudir a la vía judicial, el consumidor recibirá su compensación económica en 90 días, de media.
Mientras que si la compañía aérea decide acudir a la justicia y esperar la sentencia y que se ingrese la indemnización en el juzgado y ese dinero llegue al afectado, el plazo aumenta de forma espectacular: 507 días de media.
Y ello, además, con el consiguiente coste para el afectado, puesto que nadie se atreve a pleitear contra una gran compañía sin la correspondiente defensa procesal, siempre más cara que la extrajudicial.
Por último, en relación a esta reivindicación, es necesario el cambio en la tributación de las costas procesales.
Actualmente, el usuario debe tributar en el IRPF por ellas, sin que realmente supongan una ganancia, sino una compensación de los gastos de los profesionales que se ha visto obligado a pagar para acudir al procedimiento judicial, dada la negativa de la otra parte a solucionar amistosamente el asunto.
DÍA EUROPEO DE LA JUSTICIA
Dichas reivindicaciones han sido hechas por reclamador.es con motivo de Día Europeo de la Justicia, que se celebró el pasado 25 de octubre, que recordó que Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el garante de los derechos en la UE; la piedra angular desarrollada y garante de los españoles y ciudadanos miembros.
El TJUE fallado en muchos casos contra el Tribunal Supremo en España, sobre todo por los abusos hipotecarios, hasta el punto de obligar al Gobierno a reformar la legislación.
Uno de los tirones de orejas más conocido fue con las cláusulas suelo, declaradas abusivas, cuando la justicia europea obligó a las entidades bancarias a devolver hasta el último euro cobrado de más a los consumidores afectados.
Y no solo a partir del 9 de mayo de 2013 como establecía el Alto Tribunal español.
Y es que, todavía a día de hoy existe un gran desconocimiento sobre la primacía del derecho comunitario respecto a la legislación española. Esto no es más que las leyes españolas y sentencias de sus tribunales no pueden ser contrarias al derecho de la UE.
Por eso, pese a que el Tribunal Supremo en España sentencie en una determinada dirección en cuestiones como, por ejemplo, los asuntos bancarios, estos pueden llegar -y llegan- a Europa para que sean los magistrados del TJUE quienes determinen si es o no contraria al derecho comunitario.
Son a las instituciones europeas a las que finalmente se recurre para dar una respuesta definitiva a los asuntos de mayor calado y controversia.
Recientes y variados son los casos en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido el garante de los derechos de los consumidores españoles, contradiciendo al Alto Tribunal español.
Cuestiones tan importantes como la abusividad de las cláusulas suelo se han resuelto aquí.
Y, de cara a un futuro no muy lejano, está por llegar la sentencia de este organismo en relación al IRPH de las hipotecas. Por citar dos ejemplos.
Los Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes realizados por las instituciones europeas marcan las líneas normativas a seguir para los Estados miembros de la Unión Europea.
Un ejemplo muy claro de la importancia de estos Tratados es el Reglamento UE 261, que protege los derechos de los pasajeros aéreos y gracias al cual miles de viajeros perciben cada año su compensación económica debido a retrasos o cancelaciones de vuelo.
Con motivo del Día Europeo de la Justicia, se quiso poner el foco en la importancia de los Tratados y jurisprudencia europea y su impacto sobre el ordenamiento jurídico nacional.
Dos instrumentos, verdaderamente eficaces y que marcan las líneas de actuación jurídicas y normativas en la actualidad, que minimizan las divergencias entre lo establecido en un Estado miembro, como puede ser España, y la propia Unión Europea.
