Altodo denuncia que se haya ‘privatizado’ el Servicio de Orientación Jurídica municipal del Ayuntamiento de Madrid

Altodo ha informado hoy que sigue adelante con el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a «este proceso de privatización iniciado por el gobierno municipal presidido por la ex alcaldesa Manuela Carmena, pero lamentablemente continuado por el actual gobierno municipal, por considerarlo manifiestamente contrario a Derecho».

Explica que una vez hayan tenido acceso al expediente administrativo analizarán «si se han dictado resoluciones injustas a sabiendas a efectos de ejercitar, en su caso, las correspondientes acciones penales».

Informa que no les consta que la decisión de sacar a licitación pública el servicio «cuente con los correspondientes informes técnico–jurídicos», y por el contrario sí les consta que «otros servicios similares, como es el caso del Servicio de Orientación Jurìdica Muncipal de Extranjería, siguen prestándose mediante convenio suscrito con el Colegio de Abogados de Madrid, lo cual contradice el argumento municipal de que estos servicios no puedan ser conveniados»

«También nos consta que el servicio que ahora se privatiza se ha venido prestando durante largos períodos de tiempo sin soporte normativo alguno, ya que el último convenio firmado tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, y, sin embargo, se siguió prestando hasta el 29 de agosto de 2019, del mismo modo que el anterior convenio, firmado en junio de 2017 “sin posibilidad de prórroga”, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, y sin embargo siguió prestándose durante todo el ejercicio 2018 hasta la firma del nuevo convenio», añade.

Altodo informa que también estudia la posibilidad de denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa adjudicataria por «posible competencia desleal».

Recuerda que el artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal considera desleal «prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes”, y que añade que «tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial».

Asimismo, añade que el artículo 63 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia «sanciona las infracciones muy graves de la normativa sobre competencia desleal con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora, es decir, el 10% del presupuesto municipal y el 10 de la facturación anual de la empresa adjudicataria».

Altodo también destaca que las bases de la convocatoria permiten que el servicio sea prestado por licenciados e incluso graduados en Derecho.

Al respecto, dice que esto añade «un factor de intrusismo profesional, que será igualmente denunciado, ya que el asesoramiento jurìdico solo puede ser prestado por abogados en ejercicio, segùn reza el Estatuto General de la Abogacìa Española, y prohiben que el asesoramiento se preste en contra del Ayuntamiento, lo cual añade una nota de parcialidad en la prestación de este servicio público».

Altodo señala que «la actividad concurrencial en el ámbito de la justicia gratuita está regulada por una ley estatal, la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, y dicha Ley atribuye competencia exclusiva a los Colegios de Abogados para prestar servicios jurídicos gratuitos con fondos públicos única y exclusivamente a favor de quienes tengan derecho a la justicia gratuita, ya que este derecho, incluido el servicio de orientación o asesoramiento jurídico, no es universal».

Agrega que «los Ayuntamientos pueden, si lo desean, colaborar con los Colegios de Abogados, aportando fondos y espacios físicos mediante convenio y subvención nominativa directa, pero en modo alguno pueden sustituirlos, ni directamente, ni por medio de una entidad que resulte adjudicataria en un proceso de licitación pública».

Por último, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno expresa que «el actual equipo de gobierno municipal aún está a tiempo de rectificar anulando de oficio los actos administrativos emanados del anterior equipo de gobierno», pero dice que «incomprensiblemente, continúa adelante con éste despropósito».

«Nos tendrán enfrente», sentencia.

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