El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Foto: Carlos Berbell
El ICAM impugna la decisión del Ayuntamiento de Madrid de ‘privatizar’ el Servicio de Orientación Jurídica municipal
Como había pedido la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO)
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13/6/2019 17:29
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Actualizado: 07/6/2022 16:19
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El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha impugnado la decisión del Ayuntamiento de Madrid de sacar a concurso el «Servicio de Orientación Jurídica Generalista para Personas Usuarias de los Centros de Servicios Sociales y para las personas socias de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid».
El decano del ICAM, Jose María Alonso, ha interpuesto un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid contra este anuncio, y ha solicitado la suspensión cautelar del concurso «ante el riesgo de privatización» del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) municial por parte del Consistorio, en manos de Manuela Carmena.
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), denunció el lunes que el pasado 24 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, la concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento sacó a concurso público este servicio.
ALTODO pidió al ICAM, a tres días de que se cerrara el plazo de licitación, que se abstuviera de participar en ella, y emprendiera «de forma inmediata» acciones legales para anular la convocatoria del concurso, «por no ser ajustado a Derecho».
Recordó que en enero de 2009 la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (PP) también sacó a concurso público el Servicio de Orientación Jurídica de Mayores, que ALTODO también lo denunció entonces, y reclamó al ICAM la «inmediata interposición del correspondiente recurso», lo que motivó que «la Comunidad de Madrid diera marcha atrás y anulara el concurso, que ya había sido adjudicado a una empresa privada».
‘EL SOJ ‘ÚNICAMENTE PUEDE SER PRESTADO POR EL ICAM’
La Junta de Gobierno del ICAM ha subrayado en un comunicado que el Servicio de Orientación Jurídica municipal «únicamente puede ser prestado por el ICAM» y «no puede ser objeto de licitación sino de convenio, dado que el Ayuntamiento de Madrid no ostenta competencia en materia de asistencia jurídica gratuita».
«Con el anunciado y decidido proceso de licitación iniciado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ven afectadas «las competencias y funciones legalmente atribuidas al ICAM al amparo, entre otras, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo vínculo es estrechísimo y directo con el SOJ», señala.
Además, afirma que «la amenaza cierta de privatización del SOJ tiene como único responsable al actual equipo de gobierno, que debe explicar por qué ha cambiado súbitamente y de manera radical de criterio en una materia que afecta a derechos primarios de los ciudadanos que deben ser objeto de especial protección».
La Junta de Gobierno del ICAM también considera «preocupante» que el eventual contratista que resulte adjudicatario «no podrá, por expresa indicación del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, asesorar a los usuarios del mismo cuando la intención de éstos fuera actuar precisamente contra el propio Ayuntamiento, lo que es sencillamente inaceptable».
Asimismo, ve «llamativo» que la Comunidad de Madrid -con competencia en materia de asistencia jurídica gratuita- sea respetuosa con las competencias que legalmente tiene conferidas el ICAM en la citada materia y, sin embargo, no lo sea «el Ayuntamiento de Madrid que carece de ellas».
Cree que es «imprescindible» la suspensión cautelar del citado proceso de adjudicación.
«No sólo para evitar que la retroacción de las actuaciones resulte cada vez más difícil y costosa, sino para que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid no siga adelante buscando una suerte de política de hechos consumados que sólo conseguirá agravar la situación ya creada», explica.
«Es paradójico, incongruente y, por ende, reprobable, que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, cuyos integrantes han reiterado en tantas ocasiones y hasta la saciedad la importancia de consolidar y ampliar como servicio público los derechos sociales, haya decidido abrir un proceso de licitación con el objeto de privatizar la prestación de un servicio de orientación jurídica que hasta la fecha venía prestando el ICAM de manera satisfactoria en virtud de convenio suscrito con el mismo Ayuntamiento», concluye.
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