Cuando en diciembre de 2018 la Asociación ALTODO acordó organizar su Primer Congreso, se decidió a colocar la primera piedra en la creación de un foro de debate libre en el que aglutinar la mejora de conocimientos sobre cuestiones de actualidad prácticas.
Al tiempo, quería poner de manifiesto las derivas y horizontes de lo que consideran que constituye los fines estatutarios de esta Asociación, que desde su nacimiento, en el año 2005, viene propugnando la defensa de los intereses de la abogacía adscrita al Turno de Oficio.
También la conservación y mejora del actual modelo público de servicio y la dignificación de las condiciones en que la abogacía lo presta y reciben los ciudadanos.
Se pretende comenzar a abrir a la comunidad jurídica la experiencia atesorada y realizar la puesta en conocimiento público y debate que definitivamente no ha querido realizar la abogacía institucional, más ocupada en cuestiones que a la abogacía del turno le parecen ajenas a su realidad cotidiana.
Amplia participación de los asistentes
Se ha configurado un programa que permita una amplia participación de los asistentes con miras a la confección de un documento de conclusiones finales que sirva como referencia programática de las acciones que ALTODO emprenderá en nuevas campañas.
Además, preocupados siempre por la actualización y el fomento del estudio se ha convocado el “I Premio ALTODO-SEPIN de Artículos Jurídicos” para premiar el mejor trabajo doctrinal en materia de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.
O bien cualquier otro que tuviera su interés o aplicación práctica sobre dichas facetas; así, por tratarse de asuntos novedosos o de especial relevancia por su alcance y significado en la práctica penal, civil, contencioso-administrativa o laboral, de la Abogacía de Oficio.
Desde Altodo consideran numerosos los peligros «que acechan al derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la abogacía de oficio, con una intensidad y proyección inusitada».
Nombra la privatización de los servicios públicos de asesoría jurídica gratuita y la usurpación de competencias atribuidas en exclusiva a los Colegios de Abogados, como ha sucedido recientemente con el Ayuntamiento de Madrid, o la congelación de los módulos de acceso al derecho que impiden el acceso a la Justicia a ciudadanos que carecen de recursos para litigar.
También señala la reciente implantación de la obligatoriedad del turno de oficio para los abogados y procuradores cualesquiera sean las condiciones o contraprestaciones que el Estado ofrezca a cambio, o los proyectos de reformas legislativas, entre otros.
Además, creen que hay muchos aspectos mejorables en la propia Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como es la necesidad de apertura a ciertos colectivos.
Por contra, está la restricción a otros entes que cuentan con más recursos para litigar y de los que hay que sentar la presunción de abuso del derecho a la asistencia jurídica gratuita en muchos supuestos.
Duplicación del gasto y desvío de fondos públicos
Asimismo, es ineludible la introducción de mecanismos legales expresos que impidan la duplicación del gasto y verdadera desviación de fondos públicos a entidades que en puridad no están legitimadas para prestar servicios de asistencia jurídica gratuita.
«Al tiempo, resulta esperanzador que se hayan originado nuevas manifestaciones protoasociativas puesto que es evidente que la tradicional falta de cohesión dentro de la abogacía ha permitido que secularmente se hayan desatendido muchas reivindicaciones de base», señalan
Añaden que «hoy más que nunca es necesario un remar común que refuerce las iniciativas de perfección y cambio, pues si algo hemos confirmado todos estos años de soledad es que cualquier progreso en las materias que nos ocupan requiere de un proceso costoso de estudio, divulgación y consenso«.
Apuntan desde ALTODO que «nunca ha dudado cuando ha tenido que echarse a la calle a manifestarse y lo seguirá haciendo cuantas veces sean necesarias, con una rama de olivo en la mano y la toga del combatiente por los derechos del abogado y del justiciable en la otra».
