El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ocupará una Vicepresidencia en el futuro gobierno de la nación que conformarán PSOE y Unidas Podemos.
Así lo ha acordado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con Iglesias, apenas 48 horas después de las últimas elecciones.
El 18 de julio pasado, antes de su investidura fallida, Sánchez señalaba que la presencia de Iglesias en el Ejecutivo era el «principal escollo» para alcanzar un acuerdo sobre la coalición con Podemos y lo justificaba en las «divergencias» con Iglesias en cuestiones como la crisis catalana.
En una entrevista en La Sexta, Sánchez alegaba que necesita un vicepresidente que «defienda la democracia» y que diga que España es un Estado de Derecho, que tiene un poder judicial independiente y que no se persigue a nadie por sus ideas ni se encarcela a nadie por sus ideas.
La rama de Podemos en Cataluña sigue a día de hoy hablando de los dirigentes del ‘procés’ condenados como «presos políticos» y este mismo martes se abstenía en la votación en el Parlament de la moción de la CUP sobre la voluntad de la Cámara de ejercer el derecho de autodeterminación catalán que el Tribunal Constitucional ha suspendido.
Los comunes también se abstuvieron hoy en otro moción tumbada por el Parlament y que, a iniciativa del PSC-PSOE, pedía rechazar la violencia en las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Estas «discrepancias de fondo» que, según señalaba Sánchez en julio, podrían paralizar un Gobierno de coalición y precipitar la primera crisis de gobierno porque se visualizaría la existencia de dos gobiernos en uno no han sido obstáculo para alcanzar este preacuerdo tras el 10 de noviembre, que los dos líderes han firmado en el Congreso en presencia, entre otros, del portavoz parlamentario de los Comunes, Jaume Asens.
Sánchez sólo terminó ofreciendo en julio una fórmula de coalición con Podemos después de que Iglesias diese un paso atrás en su exigencia de entrar en el Gobierno.
Esa oferta incluía una Vicepresidencia social para la ‘número dos’ de los morados, Irene Montero, y tres Ministerios más, también de corte social, que Iglesias rechazó por considerarlos vacíos de competencias.
Desde que Podemos se abstuviera en la investidura que Sánchez intentó sin éxito en julio, tanto el líder socialista como los miembros de su Gobierno y Ejecutiva Federal solían recurrir a la falta de confianza generada por los morados para sostener que era imposible volver a negociar un Gobierno de coalición.
«No son ustedes de fiar. Utilizan el primer flanco para dañar al Gobierno y no es la primera vez«, les espetó a los diputados de Podemos el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en un pleno extraordinario en el Congreso en agosto pasado.
Cuando se confirmó el adelanto electoral, Sánchez presumía de haber rechazado la coalición con Podemos anteponiendo los intereses generales de España y llegó a decir que «no dormiría por la noche» con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social.
NO MERECE LA PENA INTENTARLO
Según su visión, no merecía la pena intentar formar un ejecutivo que no le permitiera «actuar con eficacia» para dar estabilidad al país en unos momentos en que se avecinaban grandes retos como el Brexit o una posible desaceleración económica.
Precisamente la imperiosa necesidad de que España se dotase de un Gobierno estable y dotado de coherencia fue lo que argumentó Sánchez a preferir afrontar una repetición electoral que acceder a gobernar en coalición con Podemos, con los que no alcanzaba la mayoría absoluta y por tanto estaba obligado a apoyarse en los independentistas de ERC.
Pero la llamada del PSOE a que los ciudadanos le otorgasen una mayoría más amplia no fue escuchada, y los socialistas se dejaron 760.000 votos por el camino y tres escaños en las elecciones del domingo, que auparon a Vox de los 24 a 52 asientos en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno progresista de coalición que aspiran a sacar adelante PSOE y Unidas Podemos necesitará como mínimo de la abstención de algunas de las formaciones independentistas para superar la investidura.
EL CONTROL DE TV3 Y LA PROHIBICIÓN DE REFERENDOS
En el único debate electoral previo a los comicios del 10 de noviembre, Sánchez evitó responder a la pregunta que de manera repetida le lanzó el líder del PP, Pablo Casado, sobre si rechazaba ser investido con la colaboración de partidos independentistas.
En cambio, Sánchez lanzó una serie de propuestas encaminadas a demostrar firmeza ante el independentismo catalán, como la promesa de recuperar en el Código Penal la prohibición de convocar referendos ilegales o la modificación de la Ley General Audiovisual para terminar con el «sectarismo» de TV3.
