La vista del llamado caso Dina en la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes con un movimiento procesal inesperado.
el letrado de Dina Bousselham, Gorka Vellé, ha expresado que ha alcanzado un acuerdo con los dos periodistas acusados, Alberto Pozas y Luis Rendueles, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros en relación con la sustracción de la tarjeta de la tarjeta móvil de la que fue exasesora del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Los periodistas han reconocido parcialmente los hechos.
El letrado de la acusación particular ha puesto en conocimiento del tribunal —presidido por la magistrada Teresa Palacios— la existencia de este pacto alcanzado “durante este fin de semana” tras “horas intensas de gestión y diálogo”.
Según ha precisado en el turno de cuestiones previas, el acuerdo implica que los dos periodistas acusados «se adhieren al reconocimiento de los hechos parcialmente» en relación con la tesis del Ministerio Fiscal, a cambio del otorgamiento del perdón por parte de Pablo Iglesias y de la propia Bousselham.
Villarejo no entra como parte del acuerdo por su condición de funcionario público durante los hechos
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha marcado distancias al señalar que no forma parte del pacto y que ha tenido conocimiento del mismo en ese mismo acto. No obstante, ha reconocido las potenciales consecuencias jurídicas del perdón en relación con los acusados particulares.
«Si se concede un perdón expreso respecto a los particulares, cuestión distinta del funcionario público, el Ministerio Fiscal no podría continuar en el ejercicio de la acción penal», ha afirmado el representante del Ministerio Público, aludiendo expresamente a la diferente posición del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Este matiz no es menor. La condición de funcionario público del comisario José Manuel Villarejo en el momento de los hechos —según sostiene la acusación— excluiría la aplicación del régimen de perseguibilidad propio de los delitos semipúblicos, manteniendo viva la acción penal en su caso con independencia del perdón de los perjudicados.
Ante este escenario, la Sala ha acordado suspender la vista durante media hora para examinar el escrito anunciado y permitir tanto al tribunal como al Ministerio Fiscal fijar posición sobre la viabilidad y efectos del acuerdo.
Los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional
El procedimiento enjuicia el itinerario de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham desde la sustracción de su móvil en 2015 hasta la posterior difusión en medios de parte de su contenido.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita cinco años de prisión para Villarejo y tres años para cada uno de los periodistas, a quienes atribuye un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa además la condena solidaria de los acusados al pago de 5.000 euros a Bousselham y 1.000 euros a Pablo Iglesias.
