Hay momentos en los que hasta el más paciente de los mortales dice basta. Y eso le ha ocurrido al magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que después de meses soportando el fuego graneado de políticos y tertulianos varios —esa fauna tan española que confunde la tribuna con el juzgado y el micrófono con la verdad—, ha decidido sacar la artillería pesada.
Porque una cosa es que le pongan a uno verde en los mentideros y otra muy distinta es que le acusen de prevaricador mientras desayuna café con leche. Hay límites que no se traspasan impunemente, aunque en este país de cafés y conspiraciones todo el mundo parezca haberse olvidado de ello.
El magistrado, según avanza El Confidencial –confirmado por otras fuentes– ha presentado varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra una selecta nómina de lenguaraces profesionales.
Entre ellos figura el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tiene la lengua más afilada que navaja toledana, y algunos periodistas de esos que confunden el análisis con la casquería. Antón Losada y Ernesto Ekaizer, por citar nombres y apellidos, que en esta España nuestra siempre conviene hacerlo para que no haya malentendidos.
El «timing», como dirían los modernos, no es casual. Peinado sabe que en este país las cosas prescriben más rápido que la memoria histórica, y el Código Penal marca plazos precisos: un año para mover ficha desde que uno tiene conocimiento de las lindezas que le dedican.
Así que el hombre ha hecho cuentas —que para eso estudió Derecho y no Periodismo— y ha decidido actuar antes de que sus ofensores se escapen por la puerta de atrás de la prescripción.
Porque hay que ver la que se ha montado con el caso Begoña Gómez. Desde que arrancó esta función, hace más de un año, no ha habido día sin su correspondiente andanada contra el instructor.
El mismísimo presidente del Gobierno, con esa habilidad suya para insinuar sin decir y decir sin comprometerse, ha llegado a sugerir que el juez no cumple la ley y actúa por motivos políticos. Todo muy fino, muy de Moncloa, pero con la sutileza de un martillo pilón.
ÓSCAR PUENTE Y PABLO IGLESIAS
Y luego está Óscar Puente, el ministro de Transportes, que en una entrevista memorablemente destemplada calificó la instrucción de «viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro».
Palabras mayores, vamos, de esas que en otros tiempos se dirimían en el Campo del Moro al amanecer, con padrinos y todo el protocolo debido. Pero estos son otros tiempos, menos elegantes y más broncos, donde los duelos se libran en los platós y las querellas se resuelven en los juzgados.
No se ha quedado atrás Pablo Iglesias, que en directo y ante las cámaras de TVE —la casa común de todos, que diría el otro— llamó prevaricador al juez sin pestañear. «Peinado es un prevaricador», soltó con la naturalidad de quien pide un cortado, añadiendo para mayor escarnio que el hombre se iba a ir «de rositas» porque todo estaba pactado con el PP. Vamos, que lo bordó.
Todo esto no es nuevo bajo nuestro sol patrio. Hace pocos meses, el magistrado jubilado Manuel García Castellón presentó querella contra Ione Belarra, la líder de Podemos, por llamarle «corrupto» en Twitter —esa cloaca digital donde todo el mundo es valiente—.
La cosa viene de lejos: aquí hemos tenido la costumbre, desde tiempos de Quevedo, de confundir la crítica con el insulto y la libertad de expresión con el derecho al pataleo.
Mientras tanto, el Gobierno en pleno parece haberse puesto de acuerdo para vapulear al instructor. La vicepresidenta Yolanda Díaz, con esa serenidad suya tan característica, declaró que la instrucción le parecía «anómala» y que no había visto «una instrucción semejante en su vida».
Palabras de peso, viniendo de quien viene.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no se ha quedado corta en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Ha acusado al juez de llevar «meses pedaleando en la nada», que es una forma muy gráfica de decir que el hombre trabaja para nada.
Todo enmarcado, naturalmente, en esa gran teoría conspirativa que arrancó el propio Sánchez con su famosa carta a la ciudadanía, esa en la que anunciaba unos días de reflexión que parecían más bien de cálculo político.
Porque al final, el presidente no se conformó con las palabras. Después de prestar declaración como testigo, presentó una denuncia por prevaricación contra Peinado que acabó archivada más rápido que promesa electoral.
Y el triminstro Félix Bolaños, fiel a su estilo, ha presentado dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial contra Peinado.
Al final, esta historia tiene algo de sainete español, de esos que tanto gustaban a nuestros clásicos. Un juez que investiga, un Gobierno que protesta, unos medios que opinan y una ciudadanía que asiste al espectáculo desde el patio de butacas, entre palomitas y comentarios.
España, al fin y al cabo, sigue siendo España: un país donde la realidad supera siempre a la ficción y donde cada día trae su propio escándalo, como el pan de cada día.
Pero esta vez el magistrado Peinado ha decidido jugar con las mismas armas. Porque resulta que en este país, donde todo el mundo opina de todo y nadie responde de nada, hay quien todavía cree en eso de las formas y los procedimientos. Llamémoslo ingenuidad judicial o simple dignidad profesional.
El caso es que el hombre ha cogido el Código Penal, ha repasado los artículos sobre injurias y calumnias —esos que casi nadie lee pero que siguen ahí, como los muebles viejos de la abuela—, y ha decidido dar una lección de manual sobre cómo se defiende uno cuando le ponen a parir en los medios.
Tiempo al tiempo dirán los sabios de café. Porque en España, donde las querellas van y vienen como las estaciones del año, nunca se sabe quién reirá el último. Mientras tanto, el circo continúa: unos acusando, otros defendiéndose, y el personal mirando desde la barrera, con esa mezcla de morbo y hastío que tanto nos caracteriza.
Al final, esta historia acabará como todas en este bendito país: con mucho ruido, pocas nueces, y la sensación de que aquí, cuando se trata de política y justicia, siempre gana la casa.
Pero al menos, por una vez, alguien ha decidido plantarse y decir: «Hasta aquí hemos llegado». Y eso en los tiempos que corren, ya es algo digno de mención. Aunque solo sea para demostrar que aún quedan jueces que se leen el BOE antes de desayunar.
