El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado para el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y a Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios y malversación.
El magistrado ha rechazado las peticiones formuladas por las defensas y las acusaciones para frenar la celebración del procedimiento ante un jurado popular y ha convocado a las partes a la audiencia preliminar, trámite previo al auto de apertura de juicio oral.
En la resolución, el instructor da por concluida la investigación al considerar que no quedan diligencias pendientes.
“En el momento procesal actual, no existen diligencias de investigación, solicitadas por las partes procesales, que hayan sido admitidas por este instructor, y que se encuentren pendientes de practicar”, señala el auto.
Añade además que tampoco considera necesaria la práctica de nuevas diligencias de oficio.
El magistrado justifica la obligación de comparecer presencialmente en la elevada pena de prisión a la que podrían enfrentarse y advierte de que, en caso de no acudir voluntariamente, podrán ser conducidos “por la fuerza pública”.
Asimismo, anticipa que durante la audiencia podría celebrarse una comparecencia para la adopción de medidas cautelares personales orientadas a evitar un eventual riesgo de fuga.
El informe de la UCO sobre Begoña Gómez
La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara esta semana el informe de conclusiones sobre la investigación abierta hace más de dos años.
Informe en el que la UCO sostiene que parte de los contratos vinculados a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se realizaron “al margen del procedimiento establecido en la normativa” y de forma “premeditada”.
En paralelo, la defensa de Begoña Gómez ha sostenido que el juez Peinado ha construido una “realidad paralela” para llevarla a juicio, mientras que la Fiscalía le ha reprochado elaborar “teorías alambicadas sobre tramas de corrupción”.
