La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que parte de los contratos vinculados a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se realizaron “al margen del procedimiento establecido en la normativa” y de forma “premeditada”.
Así consta en un informe remitido al juez instructor Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación en la que se plantea juzgar con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
En el documento, los investigadores destacan la condición de “administración pública” de la UCM y recuerdan el “preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público” en relación con la contratación de servicios para el desarrollo de la denominada “Plataforma abonados por la UCM”, adjudicados a Making Science Group y Deloitte Consulting.
Respecto a Making Science Group, la UCO señala que la contratación se efectuó “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto”, pese a que el importe —20.000 euros sin IVA— obligaba a ello.
No obstante, los agentes precisan que la unidad interventora competente detectó esta irregularidad una vez prestado el servicio, por lo que el pago fue autorizado “en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM”.
En relación con Deloitte Consulting, el informe apunta que dos expedientes “se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios”, que, según la UCO, también se habría realizado “al margen del procedimiento establecido en la normativa”.
Los investigadores añaden que los pagos a Deloitte Consulting se sustentaron en un contrato menor y posteriormente en una contratación mediante procedimiento abierto simplificado.
La prestación de servicios en la cátedra de Begoña Gómez
Sin embargo, sostienen que “de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas”, sino que la consultora “ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato”.
Asimismo, la Guardia Civil considera que “la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos”.
El informe también recoge que “los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos” —tanto en la invitación a ofertar como en los pliegos— “se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio”.
Además, la UCO deduce de la secuencia analizada que “se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte”.
Por otro lado, los agentes subrayan que la información bancaria analizada “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.
“Las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican. Todo ello al margen de otros ingresos derivados de otras operaciones de inversión”, concluye el informe.
