La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) renovó su Gestora Nacional en el marco de su XVI Congreso Anual, celebrado entre el 13 y el 15 de noviembre en Huesca bajo el lema «Una justicia al servicio de la ley».
En el mismo apoyaron la continuidad del sistema de oposición por el turno libre actual y ratificaron su firme creencia en la necesidad de recuperar el sistema de elección secreta y directa de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los nuevos miembros de la Ejecutiva de FJI son Juan Montero García Andrade, de 43 años, juez de Adscripción Territorial con destino en Albacete; Francisco Hazas Viamonte, de 38 años, titular del Juzgado de Primera Instancia 4 de Benidorm, Alicante; Cristina de Vicente Hernández, de 52 años, destinada en el Juzgado de lo Penal 2 de Bilbao; Fernando Portillo Rodrigo, de 44 años, titular del Juzgado de Contencioso-Administrativo 3 de Melilla y decano de los Juzgados de esa ciudad; Iván Oliver, de 41 años, juez de Adscripción Territorial con destino en Huesca; y María José Hernández González, de 45 años, magistrada en el Juzgado de Primera Instancia 48 de Barcelona.
Concepción Rodríguez González del Real, de 58 años, titular del Juzgado de Menores 1 de Madrid, volvió a ser reelegida por tercera vez consecutiva presidenta de la Comisión Gestora de Foro.
EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO
En sus conclusiones, FJI reafirma su firme apoyo en el sistema de acceso por oposición actual y rechaza los planes de modificación que parecen compartir tanto PSOE como Unidas Podemos, con el fin de controlar políticamente la judicatura.
«Ante la propuesta de algunos partidos políticos sobre el ingreso en la carrera judicial, Foro Judicial Independiente considera que la reforma no intenta mejorar el sistema sino de controlarlo desde la base», dice la primera de sus conclusiones.
«Para algunos partidos políticos no les es suficiente el control que se le hace en la elección de cargos discrecionales desde el CGPJ. La oposición a través del turno libre es el mejor sistema al garantizar la igualdad de oportunidades, y proponemos un sistema de becas públicas para los opositores de menos recursos económicos», añade Foro.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE NOMBRAMIENTOS DE CARGOS DISCRECIONALES
FJI, asimismo, rechaza la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llevada a cabo el pasado mes de diciembre, porque no cumple con los requisitos de transparencia y es discriminatorio para la mujer.
«La actuación del Consejo General del Poder Judicial en materia de nombramientos de cargos discrecionales adolece de falta de motivación, y se adoptan sin tener en cuenta criterios como la prestación de funciones jurisdiccionales y la antigüedad en la carrera judicial. Tampoco se justifica la urgencia en tales decisiones de un Consejo General del Poder Judicial prorrogado», afirma con determinación.
«Los nombramientos deben responder a criterios objetivos. Denunciamos que el actual sistema discrimina a la mujer, pues siendo ya más de la mitad de la carrera judicial, no alcanza a la cuarta parte de estos nombramientos«, señala.
Esta asociación de jueces se opone frontalmente al Reglamento de retribuciones variables porque responde a un modelo puramente productivista que perjudica a la calidad de la justicia, atenta gravemente contra la salud laboral del juez y degrada la tutela de los derechos del ciudadano.
«En consecuencia, luchará por su eliminación en defensa del modelo de justicia que defendemos».
IMPLANTACIÓN DE UN ÚNICO SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL
Foro Judicial Independiente también subraya que las nuevas tecnologías han venido «para quedarse».
Por ello, reclaman la implantación de un único sistema de gestión procesal. Actualmente funcionan en la Administración de Justicia española seis sistemas diferentes.
«Los jueces debemos participar en el proceso de digitalización. Reclamamos una adecuada formación y medios que garanticen una mejor administración de justicia y atención al ciudadano. La digitalización debe ser un medio para mejorar la justicia y no un obstáculo. El Consejo General del Poder Judicial debe asumir su obligación de velar por la salud de los jueces en esta materia», prosigue.
Por último, reivindica el derecho a la libertad de expresión y a participar en las redes sociales, como cualquier ciudadano.
«El ejercicio de este derecho es saludable y nos aproxima a la sociedad, si bien requiere de respeto y prudencia. La vida privada del juez no debe estar limitada por su profesión», concluye.
