La máxima representante del Ministerio Público en el País Vasco
se pronunció así ayer en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco, donde presentó la Memoria de Actividades de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente a 2018.
La fiscal superior del País Vasco destaca que los colegios deben denunciar ante la Justicia los casos de acoso a menores
Carmen Adán informa que las denuncias por acoso en el colegio no suelen llegar de los propios centros, y considera que es algo que "debe corregirse"
|
19/11/2019 12:23
|
Actualizado: 19/11/2019 12:28
|
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha señalado que los centros escolares deben denunciar ante la Justicia los casos de acoso a menores.
Según explicó ayer en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco, las denuncias por acoso en el colegio no suelen llegar de los propios centros, y considera que es algo que «debe corregirse».
«Somos conscientes de la dificultad de los profesores para percibirlo, pero nos preocupa cuando se han dado datos dentro del colegio, hay un inicio de comprobación, ésta se cierra y no llega o no aparece, incluso cuando la Fiscalía recibe la denuncia», ha manifestado.
Carmen Adán presentó ayer en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco la Memoria de Actividades de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente a 2018.
Adán también señaló en su comparecencia que es «muy preocupante» el elevado número de expedientes de protecciónque hay que seguir incoando por situaciones «desvalimiento de menores y, en especial, expedientes de riesgo».
La máxima representante del Ministerio Público en el País Vasco ha aludido, además, a los delitos de agresión o abusos a menores, y ha considerado que, cuando hay noticia de estos delitos, se compruebe mediante los medios tecnológicos de visionado.
«Estos delitos los consideramos muy graves y tienen que ser investigados con todas las medidas necesarias para ellos», ha indicado.
Aunque entiende que haya una discusión procesal sobre ello, cree que ésta debe ser resuelta «rápidamente». Por ello, se ha reiterado en la necesidad de que los recursos de apelación en esta materia tengan una tramitación preferente.
«En todo caso, nuestra postura es que deben adoptarse las medidas que la Ley permite para investigar, como las tecnológicas», ha explicado.
Por otro lado, ha recordado que las tres fiscales de menores de la Comunidad Autónoma coinciden en plantearse «si es conveniente o no la existencia de centros donde se coloca a menores que provienen de otros centros en los que no se pueden adaptar».
Ha informado que en la Memoria se hace constar que hay centros «donde ingresan los menores que han fracasado en su adaptación al resto de recursos residenciales, centros de protección donde residen todos los menores que mayores problemáticas presentan, jóvenes con problemas de drogadicción, con enfermedades psiquiátricas por diagnosticar», y dice que «esto hace que la convivencia en dicho centro sea complicada» y que «no son extrañas las agresiones a educadores» y «conductas fuguistas».
«La mezcla de problemáticas y las consecuencias de ello, hace necesario plantearse si no pueden ser mejor centros más pequeños y más adecuados a la cada problemática, aunque es evidente que ésta es una cuestión valorativa que no nos corresponde tomar», ha añadido.
A su juicio, es el ámbito administrativo, «que tiene la función de proteger a estos menores y de darles centros adecuados, el que tendrá que hacer una reflexión sobre esta materia».
La fiscal superior del País Vasco ha aludido, además, en su comparecencia a los menores extranjeros no acompañados en España (MENAS) para destacar que «cuando la cobertura de medios no es adecuada, cuando los centros no dan el tratamiento suficiente, se producen delitos en esos centros de protección, delitos de daños materiales y de agresiones personales, entre los propios menores y a los educadores».
Tras reconocer «el esfuerzo» de las entidades públicas, de las diputaciones para solucionar las situaciones con unos centros, Adán ha señalado que la Memoria de la Fiscalía no puede dejar de llamar la atención que ha aumentado el número de agresiones a los educadores, que dan lugar a la incoación de procedimientos«.
«Todos los fiscales rechazamos cualquier intento de criminalización de menores extranjeros, pero ni podemos ocultar la realidad de lo que las tres fiscalías perciben, ni podemos dejar de dar respuesta a los delitos de cometidos por menores, sean extranjeros o no», ha explicado.
Según ha apuntado Carmen Adán, los fiscales no saben qué «respuesta ha de darse a esa realidad», como la creación de nuevos centros en Euskadi, coordinarse con otros territorios o avanzar en programas de integración diferentes o, en el caso de las agresiones (como a maestros o sanitarios) agravando la acción de este tipo de agresiones».
Adán ha insistido en que no tiene la respuesta, y que «el problema es lo suficientemente complejo para que no pueda ser abordado desde una única perspectiva».
La fiscal superior del País Vasco ha lamentado que la Fiscalía «siga cubriendo la falta de una regulación y de un órgano administrativo que asuma la determinación de edad» de los menas.
«En otros países, lo lleva un organismo administrativo. En España lo ha asumido la Fiscalía porque no hay quien lo determine», ha explicado Adán.
Según ha señalado, el tratamiento del Ministerio Público es dar prioridad a la consideración de que son menores frente a la de que son extranjeros.
«Nuestra preocupación es lograr un equilibrio adecuado entre una determinación de edad fiable y que no aparezcan en los centros de menores personas que en realidad son mayores, con el consiguiente riesgo para menores», ha manifestado.
Noticias relacionadas:
Más de 1.000 menores sufren acoso escolar en España al año
El Tribunal Supremo anima a los colegios a implantar protocolos contra el abuso sexual
Noticias Relacionadas:
