Domingo Parra, exconsejero delegado de Banco de Valencia, juzgado ahora por el quebranto en la entidad de casi 94 millones

La Audiencia Nacional (AN) juzga desde hoy al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra por supuestamente manipular los procedimientos internos de la entidad financiera para favorecer y conceder préstamos a un grupo de empresas, causando un quebranto económico de más de 93 millones de euros.

La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel por un presunto delito continuado de administración desleal.

Parra fue condenado el pasado abril por la AN a cuatro años de prisión por las irregularidades en una serie de operaciones bancarias vinculadas con proyectos inmobiliarios que causaron un perjuicio a la entidad de 198 millones de euros y pusieron en riesgo su viabilidad económica.

Además, en febrero de este año aceptó un año y siete meses de cárcel por administración desleal en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, causa en la que abonó 330.000 euros por el perjuicio causado.

También serán juzgados el empresario Bautista Soler, su hija María Victoria Soler, y el marido de ésta, Vicente Fons, para los que el Ministerio Público también pide cuatro años de cárcel como presuntos cooperadores del mismo delito, y un cuarto empresario, Rafael Ruiz-Jarabo, para quien reclama tres años.

Pide, asimismo, una indemnización de unos 94 millones de euros para el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.

Penas que el banco catalán, representado por el abogado Carlos Gómez Jara y que cede su «derecho al cobro» al FROB, endurece hasta los seis años de cárcel por un presunto delito adicional de estafa.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, gran parte del crecimiento de la inversión crediticia del Banco de Valencia fue posible gracias a la financiación de operaciones «de importe elevado y desproporcionado para el balance, para los recursos propios y para la capacidad de gestión» de la entidad como la que se juzga ahora.

En esta ocasión se trata de la operación de financiación desarrollada entre enero y marzo de 2007 a las empresas del denominado Grupo Soler, formado por las mercantiles de los cuatro empresarios acusados, por importe de 312 millones de euros para que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pudiera adquirir una participación en Metrovacesa.

‘LA MAYOR OPERACIÓN CREDITICIA’ DEL BANCO DE VALENCIA

Se haría así «la mayor operación crediticia acometida por la entidad financiera en su historia, representando el 23,9% de los recursos propios del Banco de Valencia y el 38% de los recursos básicos», señala la Fiscalía.

Según indica, la financiación se aprobó sin el análisis de viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados de la entidad que tenían encomendada la función de análisis y evaluación de riesgo en el proceso de toma de decisiones.

Señala que esta operación, que se basó en varias operaciones de crédito en cascada, era conocida «en todos sus aspectos» únicamente por Parra, quien discutió «personalmente» los detalles con Vicente Fons Carrión.

Según la Fiscalía, la financiación del Grupo Soler supuso el perjuicio económico y patrimonial de 93.926.600 euros para el Banco de Valencia.

OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN

Explica que el exconsejero delegado, «con la intención de favorecer los intereses» del Grupo Soler, «ocultó información fundamental relativa a los elevados riesgos derivados de las operaciones acometidas».

Asimismo, dice que fue quien dio las instrucciones correspondientes a los empleados de la entidad bancaria, «hasta el punto de que tales instrucciones fueron ejecutadas con anterioridad a que los detalles y circunstancia de las operaciones de crédito fueran conocido por los órganos del Banco de Valencia».

El Banco de España advirtió en 2004, 2007 y 2009 a la entidad financiera de las deficiencias en los procedimientos de documentación, concesión y seguimiento de las operaciones crediticias, al detectar en visitas de inspección que los procedimientos de control interno adecuados al crecimiento de la inversión crediticia «había sido relegada de entre las prioridades de la entidad».