El Ministerio de Justicia pagará en los próximos 4.028.858,50 euros correspondientes a la asistencia jurídica gratuita llevada a cabo por los colegios de abogados de territorio Ministerio, el 95 % de lo reclamado, conforme a los criterios que establece la ley y el reglamento que regulan este derecho, según ha informado oficialmente esta cartera Ministerial.
«El Ministerio de Justicia ha recibido de los colegios de abogados de los territorios que gestiona -todos aquellos que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia- las certificaciones de la asistencia jurídica gratuita correspondientes al pasado octubre», dice el comunicado.
Sólo un 5 % del total –228.499,11 €– dejará de abonarse por no corresponder a los servicios prestados a clientes por la asistencia jurídica gratuita reconocida o por no haber presentado la documentación, según la normativa que la regula. 14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona el Ministerio recibirán el mismo importe que habían solicitado anteriormente.
Es el caso del Colegio de Abogados de Burgos, el único de los 24 que no ha presentado la documentación requerida.
Por ello, por el momento, no recibirá importe alguno correspondiente al mes de octubre.
El colegio de Cuenca sí ha enviado la documentación requerida pero respecto de julio, agosto y septiembre, meses cuyas certificaciones aún no había remitido.
El departamento que dirige Dolores Delgado informó al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el pasado 21 de octubre de que, en adelante, las certificaciones de los servicios prestados por los abogados que garantizan el derecho de defensa de los más desfavorecidos debían acreditar que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable.
Justicia envió este oficio al CGAE tras ser informado por la Abogacía del Estado de que no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su Reglamento.
AUDITORÍA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
En base a ese informe, la Intervención delegada de Justicia reclamó que, a partir de octubre, las certificaciones enviadas por los colegios al ministerio para el pago acreditaran que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se le había reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo.
La Intervención delegada, el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento, ha solicitado además a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio con anterioridad a que estas supuestas irregularidades fueran detectadas.
El Ministerio ha hecho saber al CGAE su total disposición para estudiar conjuntamente la situación de aquellas actuaciones del turno de oficio que garantizan el derecho de defensa y la asistencia de letrado reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución pero que no están amparadas por el régimen de subvenciones previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
