El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), está citado este viernes por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad para declarar en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa tras la denuncia que le interpuso el PP melillense.
La formación que preside Juan José Imbroda (PP) ha explicado este jueves que, según la denuncia formulada por los populares y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5, «cita a Eduardo de Castro como investigado por las órdenes verbales, actuaciones y resoluciones adoptadas entre el 17 y el 22 de junio, antes de tomar posesión de su cargo».
El principal partido de la oposición ha subrayado que dichas órdenes «constituyen un presunto delito continuado de prevaricación, ya que en esos momentos las atribuciones correspondían a Juan José Imbroda como presidente en funciones».
Según el PP, De Castro «no solo no respetó el tiempo prudencial y legalmente establecido para ejercer como presidente tras el Pleno de investidura, sino que provocó, de forma consciente y arbitraria, perjuicios a la ciudadanía al dejar un arbitrario vacío de poder y adoptar resoluciones» que podrían tornarse nulas de pleno derecho.
«Incumplió conscientemente el reglamento»
«Incumplió conscientemente, de manera burda y reiterada, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento de la Asamblea y el Reglamento de Gobierno y de la Administración», han aseverado los populares.
Entre otras actuaciones, el PP ha denunciado que el presidente del partido naranja «ordenó a la funcionaria de regencia cambiar todas las cerraduras de presidencia y protocolo».
«Al jefe de la Policía Local la apertura de un atestado e investigación policial de las cámaras del Palacio de la Asamblea, ordenó por escrito a consejeros y viceconsejeros que se abstuvieran de utilizar sus despachos, cuando estos continuaban en sus funciones».
Además, han añadido que Eduardo de Castro, «sin poseer las atribuciones de presidente, firmó decretos de cese de todos los consejeros y viceconsejeros, cuando legalmente deberían permanecer en funciones hasta el nombramiento del nuevo ejecutivo, dejando a la ciudad de Melilla sin gobierno, hecho inédito en el conjunto del territorio español».
«Estos ceses apresurados», tal y como se explica en el texto de la querella, «generaron múltiples problemas surgidos».
«Entre ellos la contratación del transporte de los fuegos de artificio para la celebración de los festejos de la Noche de San Juan, que, sin embargo, se celebraron tras un procedimiento irregular que también se denuncia en el citado procedimiento».
