La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha informado que la Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido una notificación a la Cámara en la que se recoge el acuerdo de inicio de diligencias previas para investigar «si fuera constitutiva de delito» la negativa a declarar de cuatro comparecientes en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
En concreto, se refiere al expresidente de la Junta Manuel Chaves y los exconsejeros de Empleo José Sánchez Maldonado, Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero.
Estos acudieron a la comisión de investigación pero optaron por no contestar a las preguntas de los parlamentarios tras exponer una breve intervención.
La notificación, según ha señalado Bosquet en una entrevista en 7TV recogida por Europa Press, llegó el pasado viernes y responde al escrito que el pasado 27 de noviembre se acordó en la Mesa del Parlamento remitir a la Fiscalía.
Junto a la documentación que los servicios jurídicos entendieron oportuna, ante la «incomparecencia» de estos cargos, con el objetivo de que se investigara «si estos hechos podían ser constitutivos de delito».
«Así se hizo y el viernes pasado recibí la notificación de la Fiscalía Superior de Andalucía en el que indicaba que se acordaba el inicio de diligencias. La cuestión está ahora en Fiscalía», ha subrayado.
Bosquet ha defendido el trabajo del presidente de la comisión, Enrique Moreno
Preguntada sobre el trato que recibió en esta comisión de investigación del Parlamento el que fuera presidente de la Junta Manuel Chaves, Bosquet ha defendido el trabajo del presidente de la comisión, Enrique Moreno.
«Es difícil llevar una comisión de esa clase, con una tensión tan grande y, además, cuando no te lo ponen fácil», ha advertido.
Así, aunque ha reconocido que no ha llegado a ver ninguna sesión de la comisión de investigación al completo, ha asegurado que Moreno ha hecho su trabajo al frente de la misma «con bastante dignidad».
La comisión de investigación tiene encomendado esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación hasta la actualidad.
Todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.
