La gestión de riesgos penales ocupa un lugar cada vez más destacado en las organizaciones.
Desde la reforma del Código Penal de julio de 2015, que permite a las empresas con un plan de prevención eximir responsabilidades penales ante un delito cometido por un empleado, el fenómeno del compliance ha ido calando poco a poco en la cultura empresarial, hasta convertirse en un elemento más a considerar como parte de su estrategia.
En España la aplicación de este instrumento se está produciendo gradualmente.
Prueba de ello son las empresas del sector público que todavía tienen pendientes integrar el compliance en su sistema, entre las cuales destaca Renfe, que acaba de contratar los servicios de Ecix Group para formar a sus trabajadores en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, la entidad de titularidad pública ha adjudicado a la firma de Álvaro Écija un contrato de 93.896 euros, cuando la licitación estaba valorada inicialmente en 110.000 euros.
Ecix, que se define como una consultora jurídica, desarrollará como contraprestación un programa formativo que cumpla con los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal y esté basado en el código ético de Renfe.
«Además de responder a un planteamiento estratégico para situar la actividad empresarial en los más altos estándares en materia de ética e integridad, se establece como una ayuda para la organización, al atenuar o eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso de incumplimiento de las leyes específicas en dicha materia», precisa la compañía en los pliegos.
La formación se impartirá durante 24 meses a todo el personal de Renfe, incluyendo a las más de 200 personas que componen la directiva.
Las condiciones del acuerdo establecen que la consultora deberá colaborar en las auditorías a las que se encuentra sujeta la empresa pública, así como de establecer mecanismos de control.
La elección de Ecix para esta labor resulta bastante lógica si se atiende a que su negocio está divido en tres áreas: ciberderecho, ciberseguridad y compliance.
El grado de especialización en estos segmentos, donde lleva invertidos más de 10 millones de euros en tres años. ha permitido a la firma fundada en 2012 encontrar su propio nicho de mercado.
